Profesor Luis Jiménez respecto a plataformas digitales: “Movilizar a miles de pasajeros diariamente tienen un impacto social que va más allá de las normas sectoriales”

Hace ya unos años que las aplicaciones digitales de transporte aterrizaron en el país. Primero fue Uber, pero pronto le siguieron otras empresas como Cabify y Didi. Hoy, la cantidad de usuarios y conductores que las utilizan ha crecido.

 Sin embargo, pese a la mayor consolidación en su uso, aún funcionan de manera irregular pues falta un marco normativo que las regule. De hecho, en el Congreso se discute un proyecto de ley para validarlas legalmente.

 De acuerdo con el profesor de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones, Luis Jiménez, hay grandes desafíos en la materia. Explica que la irrupción de estas firmas en los mercados fue de la mano de dos desregulaciones notorias: “La primera afecta a conductores, ya que no existe una relación de contrato laboral, entre la empresa y el prestador, así como tampoco entre el dueño de la máquina y el conductor. La segunda es que el auto no se circunscribe a los estándares legales exigidos por la ley de transporte, por ejemplo, el que se les exige a taxis tradicionales, es decir, pago de permisos especiales, años mínimos de antigüedad, seguros, normas técnicas, otros”.

 Para el profesor, a corto plazo hay varias tareas relacionadas con la regulación, incluyendo a las aplicaciones de reparto: “Por ejemplo, Rappi establece el sistema de boletas, no solo se reconoce relación contractual si no también se accede a seguridad social y pago. Otras, como Didi, están poniendo lugares de descanso y colación. Es decir, hay que implementar la norma, lo más rápido posible. En paralelo se debe comenzar a regular las máquinas, año, seguridad, licencias de conducir especiales, seguros, entre otras cosas. Es una tarea ardua que se toma la agenda duramente porque movilizar a miles de pasajeros diariamente tienen un impacto social que va más allá de las normas sectoriales, se trata del cambio más profundo en décadas dado que es un fenómeno que llegó para quedarse”.

 ¿En qué se traduce lo anterior a la hora de fiscalizar? El académico dice que el Ministerio de Transportes “realiza una fiscalización planificada y aleatoria en diversos puntos de la ciudad, concentrándose, por ejemplo, en el caso de la RM en el aeropuerto. Esto lo efectúa en función de la máquina, es decir, si el vehículo cumple con la ley de transporte (…) En caso de encontrar una infracción, el vehículo es retirado, llevado a corrales municipales, que tras pagar la multa pueden volver a funcionar, como un círculo vicioso”.

 La situación del denominado “socio conductor” también se encuentra en terreno gris pues en muchos casos “son personas desempleadas, algunas migrantes irregulares, que no encuentran trabajo en el mercado formal. De hecho, un tercio del mercado laboral es informal, lo cual se ha visto acrecentado por la crisis económica post pandemia”. Eso sí, Jiménez menciona que la nueva Ley N° 21431 modifica el Código del Trabajo y “regulará en un plazo de tres años este aspecto de las plataformas digitales de transporte, que son derechos laborales mínimos, como los contratos, remuneraciones, seguridad contra accidentes, etcétera”.

 Añade que la nueva norma “es un gran avance en materia laboral, ya que establece, por ejemplo, que un 85% de las personas deben ser nacionales y deja un 15% para extranjeros migrantes en proceso de regularización, pero esto es un plazo de tres años, sin regulación de las máquinas”.