Esto ha generado un debate cada vez más áspero, en el cual el oficialismo ha tomado la defensa de un concepto que no le es propio, ya que el gobierno se vio empujado a enviar la propuesta al Congreso para resolver las exigencias del movimiento estudiantil. Según sus detractores, con un alto grado de improvisación, por lo cual no da solución a las verdaderas necesidades de la educación. En este escenario, algunos creen que rechazar o aprobar el proyecto tal como está no cambiaría nada.
Uno de los principales detractores de la polémica iniciativa es el experto en educación Mario Waissbluth, quien concurrió el pasado martes a la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta a explicar a los senadores las razones que lo llevan a creer que es un mal proyecto, por lo que pidió a los presentes en la sesión que no la aprueben. El coordinador de Educación 2020 estima que no beneficia a la “clase media”, a la que según el gobierno va destinada la medida, y asimismo “los que claramente se verán beneficiados son algunos de los sostenedores con fines de lucro, aquellos menos preocupados por la calidad y más preocupados por segregar socialmente a su alumnado por razones cosméticas y aspiracionales”.
Con él coincide el senador independiente Carlos Bianchi. A pesar de que es uno de los parlamentarios con que se ha reunido el titular de Hacienda, Felipe Larraín, no ha logrado que desista en su posición de plantarse en contra de aquellos aspectos que, a su juicio, le dan al proyecto una clara imagen de “prolucro”. Para Bianchi, “no sólo da lo mismo” aprobar o no la iniciativa. Sino que la propuesta del Ejecutivo “es una reforma prolucro, porque los grandes beneficiados son los sostenedores de los colegios con copago”. Por lo mismo, tiene la convicción de que la propuesta “no sólo no resuelve los problemas de la educación, si no que los agrava y profundiza. Le da un portazo a la educación pública y le pone la lápida. Tampoco resuelve el problema a los deudores Corfo. Ni resuelve ni responde a lo que nos ha pedido el país”, advierte el senador, aludiendo a las movilizaciones que se arrastran desde el año pasado. Por lo que, de no mediar la disposición del gobierno a producir cambios de fondo, concuerda con algunos de sus pares de la Concertación, en que habría que forzar un tercer trámite —llevar el proyecto a Comisión Mixta— para tratar de mejorarlo.
Aunque no está muy optimista, ya que sostiene molesto que “una de las cosas más irritantes es que no se allane a separar la votación, para salvar algo que permita ir en beneficio de la educación, sino que nos quiere obligar a votar en paquete”. Apunta a todo aquello que contribuya a una mayor recaudación y pudiendo descartar medidas como la del artículo que descuenta impuestos al gasto privado en educación. Incluso para el senador de la UDI Hernán Larraín la fórmula del incentivo tributario para la educación “no es la mejor fórmula”, pero va más allá. En su opinión, el problema de fondo es que lo que recauda el proyecto del gobierno “es poco para lo que se necesita” y lo que se pretende recaudar “no es suficiente para hacer un cambio estructural” a lo que suma el hecho de que “no se sabe en qué se van a utilizar los recursos que se recauden” y eso es a lo que se debería abocar a analizar el Senado.
Con todo, la convicción de que tal como ha sido presentado el proyecto del gobierno está lejos de resolver los problemas de la educación, no es sólo de sentido común, sino que surge de los argumentos entregados por expertos. Uno de ellos es el economista Hernán Frigolet, quien explica que el artículo que establece el descuento de impuestos para gastos privados en educación “no va a favorecer al grueso de la gente que tiene hijos en la educación, porque de entre 3 millones 400 mil personas, el beneficio sólo va a llegar a 600 mil personas”. Esto, considerando que quienes ganan menos de 600 mil pesos no pagan impuestos.
Por otro lado, apunta a un aspecto que también tocó el senador gremialista Hernán Larraín y que ha pasado prácticamente desapercibido en el debate público y es que “no está claro que esos recursos vayan a entrar en forma permanente a la educación, porque en Chile no existen los impuestos preasignados”. En opinión de Frigolet, el proyecto del Ejecutivo “es muy excluyente y lo que va a ocurrir con esto (descuento de impuestos para gastos privados en educación) es que el costo del financiamiento compartido va a subir. Y, por lo tanto, la gente va a terminar pagando lo mismo que antes y los que van a ganar más son los sostenedores”.
Hace algún tiempo Cieplan en conjunto con el Centro de Estudios Públicos elaboró una propuesta de reforma tributaria que estiman debería adoptar el país, pensando en el mediano plazo. Aunque, según explica el experto de Cieplan Jorge Rodríguez Ceballos, la iniciativa del gobierno apunta a cubrir compromisos ya adquiridos, es decir, busca una solución para el corto plazo. Y, en este contexto, es que se generó el debate acerca de algunas medidas del actual proyecto. La que preocupa particularmente a la mayoría de los senadores de oposición e independientes es el crédito tributario para la educación, como se plantea anteriormente. En opinión de Rodríguez, el dilema se produce con esta herramienta, porque “sólo el 20 por ciento más rico puede hacer uso de ella”, es decir, sólo ese sector paga impuesto a la renta. Pero, adicionalmente, sólo podrá hacer uso de esta franquicia si sus hijos estudian en colegios particulares subvencionados. De allí el interés de la senadora de la UDI, Ena von Baer, de extender ese beneficio también a los colegios particulares privados.
Entonces, la polémica por este crédito tributario —pues se descuenta el gasto de lo que se debería cobrarse de impuestos—, aclara Rodríguez, se genera a partir de un problema discutible y es que algunos creen que sería mejor no aplicar el beneficio y seguir recaudando estos recursos, destinándolos a la educación de los más pobres, y no ahorrárselos a los más ricos, creando el descuento tributario. Porque “dentro de la desigual distribución de Chile sólo se va a beneficiar la gente más acomodada”.
Desde el punto de vista político, para el analista de la Universidad Central Marco Moreno la reforma tributaria del gobierno “es de suma cero, porque lo que recauda por un lado, lo devuelve por otro”. A su juicio, el debate y la reacción adversa que ha generado desde algunos sectores se debe a que “el gobierno no quiere generar un conflicto con el principal partido del oficialismo, la UDI, que es el que tiene más influencia empresarial”. De allí que el Ejecutivo “apueste por una reforma suma cero, porque por un lado sube impuestos, pero por el otro devuelve, porque permite descontar impuestos a través incentivos como el del crédito a la educación particular subvencionada”.
Esta noticia fue publicada originalmente en el portal ElMostrador.cl en el enlace http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/08/17/por-que-da-lo-mismo-si-no-se-aprueba-la-reforma-tributaria-de-la-moneda/#print-normal