Lunes 28 de Septiembre de 2015
El académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales abordó el pasado y presente de los delitos tributarios en Chile en el marco del lanzamiento del Diplomado en Reforma Tributaria.
Una crítica categórica al desempeño que ha tenido el Ministerio Público en los denominados casos Penta y SQM planteó el ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos y docente de la de la Escuela de Derecho de la Universidad Central, Jorge Gonzalo Torres Zúñiga, durante la charla "Pasado y presente de los delitos tributarios en Chile", actividad organizada en el marco del lanzamiento de la segunda versión del Diplomado en Reforma Tributaria al que dará inicio la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales a partir del 29 de septiembre del presente año.
En la actividad, el profesor Torres expuso el marco normativo sobre el que se categorizan cada uno de los delitos tributarios y abordó -principalmente- las figuras penales de los casos Penta y SQM. En este ámbito, explicó la relación procesal entre ambas instituciones y defendió las prerrogativas del S.I.I. para iniciar acciones penales en materia tributaria, en razón del conocimiento, experiencia, especialización y recursos de dicho organismo dedicados específicamente a tal finalidad.
Por otra parte, analizó la forma en que tanto el S.I.I. como el MInisterio Público han conducido los casos Penta y SQM. Su crítica fue amplia, yendo desde el rol asumido por la anterior dirección del S.I.I. hasta el papel asumido por las defensas de los implicados, pero fue especialmente categórico en relación al trabajo desarrollado por el Ministerio Público. Al respecto, cuestionó su accionar sobre las atribuciones que se adjudicó en la acción penal, la falta de conocimiento "abismante" demostrada en materia tributaria y las constantes filtraciones del proceso hacia los medios de comunicación.
En su análisis, el ex subdirector jurídico del S.I.I. señaló, además, que incluso los tipos penales de ambos casos estarían mal empleados por el órgano persecutor, ya que estos radicarían en infracciones a la Ley del IVA, algo en lo que no han reparado ni las instituciones involucradas ni las defensas de los implicados. Todas estas actuaciones, sentenció, le hacen mal al sistema y a la Reforma Procesal Penal.
