Cristian Sánchez, Ingeniero civil en minas, académico U. Central Región de Coquimbo
Es innegable que la explotación sostenible de nuestros recursos minerales ha contribuido al bienestar social y económico, ya que a pesar de que se agotan los stocks netos de capital natural, la economía se mantiene porque la inversión en otras actividades genera acumulación de capital total. La producción de minerales implica más ingresos para las personas y más recursos para el Estado, pudiendo generarse más inversión, más gasto público, más empleo, más educación y más salud.
Por cada empleo que crea la minería, se generan 3 adicionales de manera indirecta. Cerca del 15% del PIB, el 60% de las exportaciones y el 20% de los ingresos fiscales provienen de esta industria. En cuanto a nuestra región de Coquimbo, la minería aporta el 25% del PIB regional, donde 28.600 personas trabajan directamente en ella. Por cada 100 dólares que se invierten, el impacto indirecto es de 175 dólares, que se inyectan en la economía local. Es por lejos la actividad que más aporta al desarrollo de la región. Así lo señala incluso la última encuesta Cadem, de marzo de este año.
Es innegable que demandemos recursos naturales, pero insoslayablemente bajo una economía global verde, utilizando energías limpias, optimizando procesos industriales y reduciendo a la mínima expresión el daño ambiental, contribuyendo a su vez de manera efectiva y medible al bienestar económico y social de las comunidades. Debemos exigir que los proyectos, bajo una institucionalidad sólida, logren y garantices una comunión positiva con el medio ambiente y la sociedad, así como también garantizar plena libertad para proponer iniciativas que favorezcan el desarrollo. Muchas mineras ya se han alineado a este importante desafío, replanteando una estrategia ambiental, social y de gobierno que genere confianza, poniendo foco en reducir el impacto ambiental, en considerar a todos los stakeholders, y en rediseñar la administración de las compañías.
La minería no tiene la culpa de aparecer en los Pandora Papers, tampoco tiene la culpa de la estructura de la institucionalidad ambiental con la que contamos. Es una de las pocas industrias que se pudo reponer y reactivarse con determinación ante la crisis económica producida por el COVID-19, manteniendo valores que no bajan de los $4,5 dólares por cada libra de cobre, y que empuja y aporta decisivamente a la reactivación de nuestra economía.