Por Fernando Cortés, Director del Magister en Gerencia y Gestión de Salud de la U.Central Región de Coquimbo
En un mundo cada vez más complejo y fracturado, el derecho a la salud se enfrenta a amenazas sin precedentes. Los conflictos bélicos, políticos, religiosos, sociales y económicos arrasan con vidas y generan un sufrimiento insoportable. Las guerras, los desplazamientos forzados y las crisis humanitarias dejan a millones de personas sin acceso a lo más básico: la salud. Pero, más allá de estos conflictos visibles, existen otras amenazas que, en su mayoría, pasan desapercibidas pero que son igualmente devastadoras.
La quema de combustibles fósiles no solo está acelerando el cambio climático, sino que también nos arrebata uno de los derechos más fundamentales: el derecho a respirar aire limpio. La contaminación del aire, tanto interior como exterior, se cobra una vida cada cinco segundos, una realidad que afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Además, el desarrollo industrial y tecnológico, lejos de ser una bendición, está causando estragos en nuestros océanos, ríos y tierras, vertiendo tóxicos que destruyen ecosistemas, maltratan especies y afectan la salud humana. El mundo está sufriendo las consecuencias de intereses económicos, políticos y egoístas que, sin remordimientos, priorizan el beneficio inmediato sobre el bienestar de la humanidad y el planeta.
Cuando hablamos de salud universal, no podemos limitarnos únicamente a la atención médica tradicional. La salud está profundamente influenciada por determinantes sociales estructurales: los factores políticos, económicos y culturales, que generan inequidades y que, a su vez, determinan la posición social de cada individuo. Esta posición condiciona nuestras condiciones de vida, de trabajo y de desarrollo, y establece una vulnerabilidad diferencial frente a enfermedades y otros problemas de salud. La salud, entonces, no es solo una cuestión de acceso a atención médica, sino una cuestión de justicia social.
En 2024, la Organización Mundial de la Salud ha puesto en el centro de su agenda la defensa del derecho universal a acceder a servicios de salud, educación e información. Este derecho incluye el acceso a agua potable, aire limpio, una nutrición adecuada, una vivienda digna, y condiciones laborales justas. Sin embargo, el acceso a estos bienes y servicios no puede reducirse a la disponibilidad de infraestructura sanitaria. La salud de los ecosistemas, la calidad de la educación, la seguridad en el trabajo, la justicia en el acceso a la vivienda y la seguridad social son cuestiones urgentes que deben ser abordadas como parte de un enfoque integral de la salud.
Lamentablemente, en muchos países, incluido el nuestro, los debates sobre el derecho a la salud se estancan en discusiones estériles, donde el avance se ve frenado por intereses mezquinos y egoístas. En lugar de centrarse en resolver problemas fundamentales, como la crisis de vivienda, la inseguridad social o las reformas al sistema de salud, nos vemos atrapados en disputas políticas que solo perpetúan la desigualdad. En un país donde las personas se ven más como clientes que como ciudadanos, donde pagar por todo es una norma, las soluciones parecen siempre estar fuera del alcance de quienes más las necesitan.
El derecho a la salud implica desarrollar políticas públicas y privadas que aborden las inequidades estructurales de nuestra sociedad. No podemos avanzar si dejamos a los más pobres atrás, si solo existe acceso a la salud para quienes tienen los recursos para pagarla. Avanzar hacia un sistema de salud accesible, justo y solidario es posible, pero solo si entendemos que la salud es parte del desarrollo integral de las personas, una cuestión de cohesión social y bienestar. No se trata de enriquecer a unos pocos a costa de los más vulnerables ni de depredar nuestros recursos naturales, sino de garantizar que todos, sin excepción, puedan vivir una vida digna, saludable y plena.
Es imperativo que avancemos juntos hacia un modelo de salud que no deje a nadie atrás. Un modelo que sea accesible, financiado de manera equitativa, oportuno, seguro, de calidad, amable y solidario. Solo así podremos realmente cumplir con el derecho humano fundamental a la salud.