A partir del cambio en la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales N.º 21595, las organizaciones enfrentan una responsabilidad penal corporativa.
En el marco de la reciente actualización del Modelo de Prevención del Delito en la Universidad Central y en respuesta a la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales N.º 21595, se llevó a cabo una capacitación para informar sobre las implicancias de la normativa y su implementación en los procesos institucionales.
Esta actividad, organizada por el equipo de Contraloría de la institución y liderada por el Contralor Gabriel Peralta, se realizó de manera remota y contó con la participación de autoridades de diversas áreas universitarias, entre ellos, el Vicerrector Regional, Jaime Alonso; directores institucionales, vicedecanos, directores de carrera, subdirecciones, jefaturas de área y encargados de unidades.
Al respecto, el Vicerrector Jaime E. Alonso enfatizó en que "en la Universidad Central Región de Coquimbo, estamos comprometidos con la transparencia y la responsabilidad institucional. La actualización del Modelo de Prevención del Delito y su implementación no solo responde al cumplimiento de la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales, sino también a nuestra responsabilidad como institución formadora de profesionales íntegros. Esta actividad es una instancia fundamental para que toda nuestra comunidad académica, desde los directivos hasta las jefaturas de cada unidad, esté alineada y preparada para prevenir cualquier situación de riesgo legal”.
Durante la sesión, el Contralor destacó la relevancia de que todos los miembros de la comunidad universitaria comprendan la actualización del Modelo de Prevención del Delito de la Universidad, pues, a partir del cambio legislativo que entró en vigencia el 1 de septiembre, la institución podría enfrentar responsabilidad penal en caso de ocurrir un delito, enfatizando así el compromiso institucional con el cumplimiento y prevención en esta materia.
Asimismo, el abogado Miguel Ángel Díaz, de la consultora BRAC Group, abordó los detalles de la ley 21595, diseñada para reforzar la prevención de delitos económicos mediante la implementación de mayores exigencias a las personas jurídicas y sus sistemas de cumplimiento interno. Díaz explicó cómo esta ley ha impactado en el quehacer institucional y los pasos que la universidad ha adoptado desde su promulgación, remarcando que todas las organizaciones del país ahora enfrentan una responsabilidad penal corporativa. También informó que, como parte del proceso, se realizó un exhaustivo levantamiento de todos los procesos universitarios con el objetivo de identificar y dimensionar los riesgos que la organización enfrenta.