Durante los meses en confinamiento o distanciamiento social, se ha observado como el COVID-19 ha dejado ver las carencias sociales que tiene Chile como país. Ha obligado a los diversos ministerios a generar acciones, más o menos forzadas, que permitan apoyar a las personas no solo en su cobertura de salud física y mental, sino que también en su subsistencia diaria en cuanto a trabajo, ingresos, alimentos y otros.
Si bien la pandemia no ha generado discriminación en cuanto a la población, sí se ha observado que las personas con discapacidad se han visto mayormente afectadas, ya que presentan una condición preexistente de base o deficiencia física, psíquica, cognitiva, sensorial, que genera que sean más susceptibles a contraer el virus y una probabilidad mayor de presentar síntomas más severos. En el momento de mayor peak del contagio en nuestro país, tampoco son consideradas como prioridad al momento de optar a una hospitalización o uso de respirador, lo que claramente atenta contra un derecho humano fundamental que es el acceso a la Salud, por lo que el llamado de la Organización de las Naciones Unidas fue no considerar estos factores, sino que la gravedad de los síntomas.
La crisis sanitaria no solo ha mostrado manifestaciones de discriminación, sino también barreras que limitan el acceso a la atención. Por ejemplo, el personal de salud no está preparado para atender a estos usuarios, no maneja la lengua de señas, no informa su condición o diagnóstico, bajo la creencia errada de que no van a entender.
Estamos en un momento en que el proceso de enseñanza – aprendizaje se está realizando bajo un sistema virtual, lo que permite ver las dificultades de acceso de las personas con discapacidad, al no ser incluidas en este proceso con sistemas y herramientas que permitan su participación.
El desafío es grande, se debe asegurar la atención de salud y de medicamentos; trabajar en forma directa con estos pacientes y sus organizaciones para que sean ellos y ellas quienes puedan dar a conocer sus necesidades en las diferentes instancias de participación, capacitar adecuadamente a los funcionarios de la salud, identificar limitaciones en la atención y definitivamente eliminarlas.
Sandra Leiva Becerra
Directora de Terapia Ocupacional