Lunes 18 de Julio de 2016
No se trata de generar más burocracia sino más institucionalidad pertinente a la función de garantizar y proteger los derechos de los niños, todos los niños y niñas. Una Subsecretaría de la niñez sin atribuciones, sin tener capacidad de conducir la intersectorialidad asociada a la infancia y alojada en el Ministerio de Desarrollo Social, será una hormiga al lado de los elefantes como los ministerios de Educación y Salud, con sus megapresupuestos y miles de funcionarios en todo el país.
Otra muerte más de una niña, Rachel, ahora en un organismo colaborador del Sename. Otro asalto con participación de niños de 13 años. Otra niña violada por algún familiar. La prensa nos pone el dilema: ¿víctimas o victimarios?
Otra conferencia de prensa más de parlamentarios prometiendo mano dura con los "pequeños delincuentes". Otra visita más a los centros del Sename y nuevas declaraciones de diputados exigiendo reformarlo. Nos asalta la pregunta: ¿de qué sirven esas declaraciones?
Otra declaración del Gobierno señalando que levantarán sumarios. Otra declaración asegurando que se tomarán nuevas medidas. ¿El Gobierno no gobierna en sus Servicios?
Esta rutina agobiante, casi como un rito mecánico, requiere un quiebre. No es posible que desde 1990 se esté exigiendo un cambio, no solo de discurso sino también de paradigma y prácticas para comenzar a impulsar una verdadera política de garantía y protección de derechos a los niños y niñas.
¿Por qué tantos años y los resultados son tan escasos? Las razones son múltiples, pero entre las principales están:
a) Falta de prioridad política. Dedicarse a los temas de los derechos del niño siempre ha sido visto como tema de mujeres, de la caridad y el asistencialismo, no de políticos "viriles", con mirada de Estado; esos están para cosas "más importantes". Digamos de una vez, no han estado a la altura, salvo algunos.
Pues bien, ahora se necesita de todas y todos los dirigentes políticos con mirada de Estado y de futuro. Entrar a resolver el problema de los derechos de los niños y niñas y de los más vulnerados requiere de decisión e inteligencia política, pues en este campo también hay intereses corporativos fuertes, tradiciones inveteradas y también bastante ignorancia.
b) Coordinación intersectorial pública y "privada". La actual institucionalidad estatal en infancia no tiene la solidez ni el conocimiento experto necesario para resolver por sí mismo el problema, por más que divida y subdivida sus instituciones. El problema es el inverso, pues el escaso conocimiento especializado en esta área no dialoga con otros sectores y, por tanto, no potencia su accionar y saberes.
No se trata de generar más burocracia sino más institucionalidad pertinente a la función de garantizar y proteger los derechos de los niños, todos los niños y niñas. Una Subsecretaría de la niñez sin atribuciones, sin tener capacidad de conducir la intersectorialidad asociada a la infancia y alojada en el Ministerio de Desarrollo Social, será una hormiga al lado de los elefantes como los ministerios de Educación y Salud, con sus megapresupuestos y miles de funcionarios en todo el país. Se requiere que esa Subsecretaría sea una verdadera autoridad intersectorial que, en el plano de la garantía de derechos de los niños, subordine al resto del sector público.
Debe ser esa autoridad la que norme y fiscalice a los servicios públicos y organismos de la sociedad civil que intervienen en la vida social de los niños y niñas.
c) Inversión en garantizar los derechos que se proclaman. Se conocen las cifras escuálidas que destina el Estado a las organizaciones colaboradoras del Sename y los bajos sueldos y precariedad laboral en que están esos profesionales. Mientras exista la idea de que el Sename es un receptáculo de la "basura social" de la niñez, de los más violentados en sus derechos y que la respuesta estatal son los programas miserables para personas miserables, el problema no tiene solución; salvo pensarlo como depósito de desechos, que es lo que parece ser hoy día, pues se sigue hablando del "gasto" en la niñez.
Es más inversión y no gasto, pues se trata de invertir en el desarrollo de la niñez, garantizando sus derechos como estrategia para prevenir que no se vulneran los derechos de nadie. Es desde esta mirada que se puede entender cuál puede ser la función de un nuevo organismo que trabaje con la niñez más vulnerada en sus derechos, que debe tener una autoridad central de calidad y experiencia, pero con asiento territorial local, con capacidad de articular familias, barrios, escuelas, consultorios, policías, iglesias, autoridades municipales y jueces con profesionales capacitados y bien pagados.
d) Garantizar y proteger derechos con independencia política. La ley de Garantía de Derechos de la Niñez ha sido recortada de su forma original por burócratas que nada entienden de derechos del niño y de construir una agenda política, enviando al Parlamento un proyecto inconexo que desarticula un sistema coherente de garantías y los hace depender del crecimiento económico (sic). Este es uno de los problemas clave: la prioridad de la niñez para el país.
Por otra parte, hace más de 20 años que la sociedad civil viene exigiendo, junto al Comité de Derechos del Niño de la ONU, que se debe contar con un Defensor de la Niñez, de carácter autónomo y especializado. ¿Por qué no se ha tomado esta decisión? Digamos las cosas como son: resistencia de sectores ideológicos a reconocer los derechos de los niños; reticencia de las autoridades a generar un organismo que interpele sistemáticamente las debilidades del Estado en garantizar esos derechos; desacuerdo en tener una figura con la autoridad de exigir a los poderes públicos medidas que no están dispuestos a llevar adelante.
Se podrían enumerar más razones de por qué hemos llegado a este punto. Pero lo que está claro es que requerimos de políticos con visión de Estado, con la calidad de entender que las personas menores de 18 años no son un tema menor para sí mismas ni para el país.