Lunes 12 de Diciembre de 2016
Hay dos temas que en el Chile actual tienen que ser reconocidos como parte del diagnóstico que permite fijar una agenda política de mediano plazo.
Por una parte, está la expropiación de la soberanía de los y las ciudadanas sobre los bienes públicos y naturales que fueron privatizados por la dictadura, lo que imposibilita tomar decisiones sobre el uso de ellos en función del interés general. Este es un tema concretamente constitucional.
Lo segundo es que el tema constitucional es fundamentalmente político y la política ha sido colonizada por los grupos económicos, funcionalizándola para la perpetuación de su poder, que genera una de las sociedades más desiguales de América Latina. Este es un problema de la economía política.
Lo anterior implica claramente que la campaña presidencial 2017 debería enfrentar a una derecha que busca perfeccionar el dominio de la economía sobre la política, "reversar" las ambiguas reformas para ampliar el poder del mercado y los grupos monopólicos que lo controlan. En otras palabras, la derecha buscará cumplir su tarea estratégica de actualizar su modelo económico financiero extractivista, superando la embestida actual.
El problema es para la izquierda, la que no logra despejar un camino para ser alternativa al modelo de desarrollo neoliberal. Quizás el punto principal para cumplir esta tarea sea el caracterizar la situación actual de esta y desprender sus tareas políticas más generales.
Respecto de lo anterior, la cuestión central, a diferencia de lo que afirman algunos, no es la economía o, más bien, es la economía política. Es decir, comprender que la economía no es un sistema autorreferente, sino un ámbito del quehacer cuyas reglas se fijan desde la política. Esto implica que –para el caso chileno– el desafío de las mejores condiciones de vida del pueblo no depende de los negocios ni las utilidades multimillonarias de las Isapres y AFP, sino de las reglas que desde la política se construyen y el papel que estas pudieran jugar o no en el desarrollo productivo del país.
Dicho lo anterior, lo que un proyecto político debe considerar –según el diagnóstico– es el campo institucional que es la Constitución y el campo económico que está asociado al actual modelo económico.
Una se puede caracterizar como "izquierda liberal", que tomó el derrotero de la Tercera Vía, intentando moderar la oleada neoliberal con una activa política de subsidios focalizados y de mayores montos que los miserables que entregaba en número y monto la dictadura. Esta izquierda centró la prioridad en disminuir la pobreza más que en derrotar la desigualdad; asumió el crecimiento económico como condición para la "equidad", en una carrera por el indicador PIB, sin leer el indicador Gini; abriendo espacio a los nuevos negocios desregulados en el sector minero, financiero, servicios de salud, pensiones (ampliación de inversiones al extranjero de AFP, integraciones verticales en sector salud, transferencias lucrativas a clínicas, etc.), lo que incrementó el poder de los grupos económicos más poderosos y, con ello, su poder político.
Este modelo, políticamente obligaba a la izquierda liberal al consenso con aquellos grupos que paulatinamente se desplazaron del apoyo exclusivo a la derecha a un apoyo transversal a todo aquel grupo político que participara del consenso, cuyo ejemplo paroxístico estuvo en la repatriación de Pinochet. Es en este sentido que la hegemonía neoliberal se hizo efectiva, permeando a las directivas partidarias y, vía estas, a un sector de la base social y cultural de los partidos de izquierda.
La otra tendencia en la izquierda, "antineoliberal y popular", que brega por la justicia social y la ampliación de la democracia, arrinconada a ser minoría durante un largo período, logró ir construyendo un discurso crítico que tuvo en las nuevas generaciones estudiantiles la expresión de una sociedad que larvadamente exponía su descontento (los estudios del PNUD son expresivos de esos años). Las demandas medioambientales, regionalistas, estudiantiles, habitacionales, de los pueblos originarios, comenzaron a expresar al Chile opacado por el crecimiento económico.
Esos movimientos sociales revitalizaron los procesos de politización por abajo y dieron origen a nuevos grupos de izquierda que critican frontalmente al modelo extractivista y las restricciones democráticas. Este sector se nutre también de una exigencia democratizadora que cuestionó a la "nueva Constitución" firmada por Lagos, presionando por la Constituyente.
Estas dos izquierdas se expresan hoy también en el seno del Partido Socialista y –según lo señala el Servel– tendrán la posibilidad de confrontarse en las elecciones abiertas, ciudadanas, para elegir al candidato a las primarias presidenciales por la Nueva Mayoría.
Un candidato es J. M. Insulza, cuya trayectoria y programa, compartido por décadas con Lagos, dibujó en gran medida el país actual y con el cual una parte de la izquierda se siente identificada.
Desde el Chile que estuvo soterrado, que no dejó de leer el legado de Allende en el sentido ético, pero también político, en tanto voluntad de transformación y control de las fuerzas del mercado, surge la candidatura de F. Atria, un socialista sin el lastre de la transición, con un trabajo sistemático y consecuente por la Asamblea Constituyente como forma de devolver la soberanía expropiada a los chilenos y chilenas. Esta característica le permite articular a la generación de viejos luchadores con la izquierda emergente fuera de la Nueva Mayoría, para construir la unidad de la izquierda, base fundamental para un proyecto de constituyente y de nuevo modelo de desarrollo.
Son dos izquierdas, una con el peso del pasado y sus responsabilidades en él, y otra que puede hacer soñar nuevamente con una izquierda coherente y responsable.
El dilema de la izquierda chilena se podría vivir y jugar en las elecciones ciudadanas que vivirá el PS entre Insulza y Atria. Será una oportunidad para que democráticamente el pueblo de izquierda y no solo la "máquina partidaria" se pronuncien, luego de un debate programático de cara a la ciudadanía.