Jueves 29 de Diciembre de 2016
Hace un par de semanas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó su informe anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile (2016). Un documento esencial para conocer los avances y todo lo que queda por hacer para garantizar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de quienes habitamos en este país.
Entre los muchos temas que allí se abordan -que van desde el derecho a un medio ambiente libre de contaminación hasta el derecho a la educación de personas privadas de libertad- hay uno que es especialmente relevante, tanto por estar actualmente en la discusión pública (probablemente sea uno de los temas centrales de la próxima elección presidencial) como porque nos afecta de una u otra manera a todos, ya sea en el presente inmediato o en un futuro más o menos cercano.
Me refiero a la previsión social y, en un sentido más amplio, al derecho a una vejez digna. Un derecho humano no garantizado y cuyo ejercicio refleja -como tantas otras cosas en nuestro país- las inequidades existentes entre clases sociales, entre territorios, pero muy especialmente entre hombres y mujeres.
Hoy en día no podemos obviar que el aumento de la esperanza de vida en Chile ha puesto en evidencia las necesidades de cuidado de las personas mayores, pero también la insuficiencia de las pensiones para cubrir estos y otros requerimientos esenciales.
Tal desfase es particularmente evidente en el caso de las mujeres mayores, que viven más que los hombres y al mismo tiempo han participado –a lo largo de sus vidas- menos en el mercado laboral, y cuando lo han hecho han recibido, en promedio, salarios más bajos. En consecuencia, tienen importantes lagunas previsionales y, finalmente, pensiones que apenas les permiten subsistir .
Una de las razones de este desajuste es que las mujeres destinan más tiempo que los hombres a las tareas de cuidado al interior del hogar (hasta 3 horas más según la última Encuesta Nacional Sobre Uso del Tiempo), pero cuando llegan a la vejez, este trabajo no remunerado –que sabemos es indispensable para tantas familias- no tiene impacto en sus pensiones.
Por otro lado, a medida que envejecen las mujeres aumentan su participación en el mercado laboral como "trabajadoras independientes". Este es un dato que puede ser positivo, pero que no cambia sustancialmente la realidad, ya que se trata de una categoría laboral caracterizada por las bajas cotizaciones (cuando existen).
A ello se suma que mientras el trabajo remunerado formal cuenta con una regulación que indica cuándo se puede dejar de realizar, el trabajo informal y el de cuidados carecen de un paso establecido (ya sea social o legal) hacia la jubilación,. Esto quiere decir que para muchas chilenas llegar a la edad de jubilación, no es sinónimo ni bienestar ni de descanso laboral.
Es claro que en Chile nos queda mucho por andar para garantizar, plena y efectivamente, el derecho que todos y todas tenemos a una pensión y una vejez dignas. Es claro también que para poder recorrer este camino debemos –entre otras cosas- tener mayor conciencia de lo que significa ser mujer mayor en el actual contexto nacional, e impulsar políticas públicas que se hagan cargo de esta realidad.
Tales políticas públicas y nuestros esfuerzos deben apuntar a cerrar las brechas laborales y económicas de género; a lograr que las responsabilidades de crianza y de cuidados, y todas las labores del hogar, sean equitativamente distribuidas entre hombres y mujeres; y a que este trabajo no remunerado sea visibilizado, reconocido y valorado socialmente.
El Informe del INDH señala en sus recomendaciones, con mucha razón, que necesitamos "introducir las reformas legislativas (que permitan) garantizar la plena efectividad del derecho a la seguridad social en Chile, en particular en lo referido a las pensiones de vejez. Y para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, estas reformas deben conocer las diferencias de género existentes cuyas desigualdades acumuladas a lo largo de las vida impactan inevitablemente en las pensiones".
Es indispensable que el debate público que se avecina, a propósito de las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año, tenga en cuenta estas recomendaciones, y los desafíos y rezagos que afectan principalmente a las chilenas mayores, a lo largo y ancho del país.