Viernes 25 de Julio de 2014
El proyecto fue presentado por los diputados Sergio Ojeda (DC), Leopoldo Pérez (RN) y nuestro egresado de la Carrera de Ciencia Política Vlado Mirosevic (PL) pasando a trámite en la Comisión de Educación el 22 de julio
El pasado 15 de julio de 2014 ingresó finalmente a su primer trámite constitucional el Proyecto de Ley que Modifica la Ley General de Educación, con el objeto de establecer la exclusividad universitaria de la carrera de administrador público.
Dentro de los argumento del proyecto –cuyos autores son los diputados Lautaro Carmona (PC) de Atacama, Javier Hernández (UDI) de los Lagos, nuestro egresado de la Carrera de Ciencia Política en 2004 Vlado Mirosevic (PL) de Arica y Parinacota, Sergio Ojeda (DC) de los Lagos, José Pérez (PRSD) del Bío Bío, Leopoldo Pérez (RN) de la Región Metropolitana, Jorge Rathgeb (RN) de la Araucanía, David Sandoval (UDI) de Aysén, Alejandro Santana (RN) de los Lagos y Patricio Vallespín (DC) de los Lagos– señala que “la importancia de la función pública para cualquier Estado moderno radica en la supremacía de uno de los aspectos que justificaron su origen, esto es la instalación de una estructura altamente especializada y diferenciada”.
También reconoce la necesidad de la “profesionalización” del personal administrativo que garantice o proporcione un desempeño adecuado para el cumplimiento de las funciones específicas, así como la necesidad del desarrollo de una “ideología profesional” en atención que la función pública responde a necesidades del sistema político y social que van más allá del gobernante de turno.
El mismo documento da cuenta que en los últimos años, esta realidad ha sido desconocida bajo el amparo de la Ley Orgánica Constitucional de Educación y su sucesora, que han permitido que la formación de Administradores Públicos se realice a través de Institutos Profesionales, los que han generado una verdadera anarquía en la duración y los planes de estudio. Fruto de esta situación existen hoy profesionales Administradores Públicos universitarios, y otros formados en Institutos Profesionales que no cumplen con los mínimos estándares de especialización, afectando la fe pública sobre las capacidades de quienes ostentan dichas certificaciones y menoscabando los necesarios niveles de expertise profesional en los servicios administrativos del Estado.
En virtud de ello, menciona la necesidad de contar con profesionales que sean capaces de “interpretar las problemáticas públicas para proponer soluciones racionales y eficientes. El administrador público cuenta con una formación que lo hace capaz de liderar equipos de trabajo multidisciplinarios, no tan solo para el cumplimiento de metas, sino que para agregar valor público a cada una de las acciones que realiza en pos de la satisfacción de necesidades públicas y en la respuesta a las demandas ciudadanas”.
El 22 de julio pasado, el cuerpo legal pasó a discusión en la Comisión de Educación que preside el diputado Mario Venegas (DC) y, de acuerdo a los informado por el director de la Escuela de Administración Pública Rafael Pizarro, “es el momento en que el Colegio Profesional de la orden así como las universidades que imparten la carrera a través de sus estudiantes, académicos y directivos hagan ver sus opiniones para lograr su aprobación”.