El Mostrador
Tras el anuncio de gradualidad que caracterizará el proceso de toma de decisiones gubernamental para el llamado segundo tiempo de la administración Bachelet, se ha puesto en marcha la no menos compleja y conflictiva fase de decidir a quién se tiene en cuenta y hasta qué punto en relación con la implementación del programa de Gobierno de la Nueva Mayoría (NM).
El carácter político de esta fase se evidencia cuando se observan las consecuencias que producirá optar por una priorización de los problemas en detrimento de otros. Más difícil que el anuncio acerca de la jerarquización de la agenda gubernamental, serán las tensiones entre Gobierno y oficialismo en relación con las respuestas a las preguntas: ¿qué?, ¿a quién? y ¿cómo se priorizaran los proyectos de ley?
El cónclave de la Nueva Mayoría anunciado para julio? y que ha sufrido varias postergaciones? será la arena para la toma de posición de los actores? Ejecutivo, parlamentarios y partidos de la NM? respecto de las preguntas anteriores.
La instancia servirá también para procesar las discrepancias no solo de forma sino que también de fondo que se insinúan en relación con los trascendidos acerca de las nuevas prioridades del Gobierno. Lo que se busca es contener los posibles brotes de disidencia en el oficialismo de modo de no producir quiebres en la coalición.
No parece necesario argumentar excesivamente sobre lo difícil que resulta, en democracia, el proceso de hechura de las políticas públicas. La puesta en marcha de estas constituye, sin duda, uno de los aspectos críticos de la gestión de los gobiernos. La capacidad de estos para resolver los problemas públicos ?es decir, su eficacia? se ha convertido, junto con el grado de satisfacción de demandas, en la cuestión más sobresaliente de la acción gubernamental.
Buena parte de la literatura y evidencia sobre el tema apunta a que la implementación está condicionada no solo por variables del entorno, sino también por las reglas del juego y especialmente por los intereses de los actores. Los movimientos tácticos y estratégicos que estos juegan darán lugar a la estructuración de diversos tipos de acción. Este punto es particularmente relevante, ya que los tipos de acción posibilitan la estructuración de discursos y prácticas facilitadoras y/o obstaculizadoras por parte de los actores.
Desde esta perspectiva, considerar el problema de la implementación del llamado “realismo sin renuncia” como una cuestión meramente técnica es reduccionista y simplificador, ya que deja a un lado el carácter intrínsecamente conflictivo que tendrá este proceso al interior del Gobierno y de la NM.
La sola aplicación de decisiones expresadas en orientaciones, pautas y procedimientos implicara tensiones en los actores que se expresaran, entre otras, en: i) dificultades en la tramitación legislativa; ii) discursos y prácticas obstaculizadoras; y iii) la intensificación del ciclo de protestas. Todo lo anterior, hará aún más difícil la gestión para un Gobierno con apoyos y capital político fuertemente erosionados.
Pero el costo mayor de la implementación del “realismo sin renuncia” será en relación con uno de los principios más caros para la actual administración: la noción de justicia. El Gobierno está viéndose obligado a elegir entre opciones que dificultan proyectar la idea de justicia que ofreció al país y que está en la base del programa gubernamental.
La actual discusión en materia de gratuidad en la educación superior lo expresa en forma clara. Lo que se está eligiendo es finalmente a las instituciones y no a los estudiantes vulnerables, que son los sujetos de derechos. Dado que los recursos son insuficientes, la pregunta es con qué criterio estos se asignarán.
Se abre así el debate sobre la justicia y sobre qué es lo justo. Esta discusión es sin lugar a dudas todavía más complicada que la anterior.
Por Marco Moreno Pérez
Decano Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Central de Chile
Fuente: www.elmostrador.cl