Sabado 11 de Febrero de 2017
Análisis del decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, Marco Moreno
Lejos de ser una época atractiva, por tratarse de las vacaciones y del descanso de los distintos actores políticos, el verano pasó a ser la peor fecha para la administración de la Presidenta Michelle Bachelet.
Basta recordar que mientras se celebraba la aprobación de diversos proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo, entre ellos la reforma al sistema electoral, a inicios de febrero de 2015 el "caso Caval" (que involucraba a su hijo Sebastián Dávalos y su nuera Natalia Compagnon) giró la agenda pública en 180 grados.
A contar de este escándalo, sumado a los coletazos del "caso Penta" -que involucró a los dueños del holding y a connotados dirigentes y parlamentarios de la UDI- y las innumerables aristas que abrió el capítulo "SQM", la propia Mandataria creó la Comisión Asesora Anticorrupción y Conflictos de Interés, lo que dio lugar a la nueva Ley de Partidos Políticos, a la disminución del gasto electoral y a las cuotas para las mujeres candidatas.
¿Qué pasó ahora? Los incendios forestales que destruyeron centenares de miles de hectáreas en varias ciudades del país, cuyos focos se multiplicaron durante enero de este año, volvieron a cuestionar la capacidad de reacción y los mecanismos comunicacionales de La Moneda para abordar la crisis.
Más allá del oportuno trabajo posterior que incluyó la formación de operativos de rescate y combate de las llamas, que ayudó a la encomiable labor de bomberos y voluntarios, y la llegada de aeronaves provenientes del extranjero (Supertanker, Ilyushin, Hércules, Antonov, Sikorsky y Elvis), fueron las primeras horas y días que se sucedieron a la emergencia las que desnudaron los problemas de coordinación y de toma de decisiones al interior del Ejecutivo, ítem que no pasó inadvertido para la población.
De hecho, según la encuesta que aplicó la empresa Cadem los días miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de enero a 2.893 personas, el 75% rechazó la reacción del gobierno, el 73% reprobó el actuar de la jefa de Estado y el 67% le puso nota roja al ministro del Interior, Mario Fernández, y al subsecretario de la misma cartera, Mahmud Aleuy.
La Onemi, en tanto, rozó la medianía con el 58% de desaprobación, a la vez que la Conaf, las Fuerzas Armadas, los medios de prensa, los alcaldes de las comunas afectadas, Carabineros y Bomberos contaron con un amplio apoyo ciudadano.
La misma consultora repitió el ejercicio una semana después y los resultados no variaron favorablemente. Incluso hubo una baja de 3 puntos para el Gobierno y un descenso de 5 puntos para el jefe de gabinete.
Mirando el vaso medio lleno, Jorge Tarud, diputado de una de las zonas dañadas por la acción del fuego (Cauquenes), aclaró que "cada vez que hay una catástrofe las principales autoridades salen mal evaluadas".
"Le pasó a George Bush -en 2006- cuando tuvo que enfrentar el huracán Katrina (Nueva Orleans) y se vio obligado a reconocer que la Casa Blanca no estuvo a la altura de las circunstancias", comentó a Cambio21.
De todas formas, el legislador PPD señaló que "el gobierno no dimensionó hasta dónde podía llegar la magnitud de los incendios. No comprendí, no comprendo, ni comprenderé por qué la Conaf le puso trabas al arribo del Supertanquero, cuya acción fue aprobada por el 91% de los que respondieron los sondeos, factor que demuestra que la gente estaba observando con preocupación el desarrollo de este tema".
"Hoy las comunicaciones son lo menos importante", nos indica el diputado de Renovación Nacional Germán Becker.
"La pega urgente y que no podía esperar consistía en apagar los incendios, no otra cosa. La gestión ya fue pésima al comienzo y no se pueden recuperar las hectáreas quemadas. La única reflexión que queda es que a este ritmo la Presidenta Bachelet no hubiera podido rescatar a los 33 mineros como sí lo hizo Sebastián Piñera en su mandato", reclamó.
"Los incendios no se apagan con críticas", responde el diputado Sergio Aguiló (IC), quien manifestó a este medio que "cuestionar el desempeño del Ejecutivo es una falta de respeto para todos, tomando en cuenta que la labor de contención de las llamas se hizo bien".
"De todos los incendios registrados en Talca y Santa Olga, donde hubo pérdida total, solo hubo un muerto, que fue producto de una persona que se devolvió al lugar del fuego a pesar de la orden de la gobernación regional. Este tipo de tragedias no se puede prever y no se le puede echar la culpa a la Presidenta", insistió.
Paulatinamente vuelve la normalidad a las zonas siniestradas luego de que los focos de incendios fueran reducidos en su mayoría. En este contexto, La Moneda designó como delegado nacional para la reconstrucción a Sergio Galilea, subsecretario de Obras Públicas y exintendente metropolitano y de Los Lagos.
De forma paralela, se calcularon los daños y el tiempo que demorará el Estado de Chile en poner de pie a Pumanque y Santa Olga, las localidades más dañadas por el efecto de las llamas.
Sin embargo, el control de daños que más preocupa a la Nueva Mayoría tiene que ver con la proyección que se hará de los incendios forestales con la campaña electoral que se retomará de lleno en marzo.
El politólogo Patricio Gajardo sostuvo que más allá de lo extremo de la emergencia, "se instaló la idea de que hubo un gobierno reactivo que tuvo un tiempo largo para moverse y que tampoco existió una idea de conducción".
"Después se quiso instalar una posterior imagen comunicacional de Bachelet haciéndose cargo de todo. Sin perjuicio de aquello, si hay un responsable político ese es el ministro Mario Fernández, quien mostró una inoperancia lamentable. Daba la impresión de que no se sabía qué estaba haciendo ahí, lo que termina perjudicando los esfuerzos posteriores de Bachelet", expuso en estas páginas.
En la misma esfera, Marco Moreno, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central, enfatizó que "acá hubo una crisis estratégica comunicacional que irónicamente consumió el actuar del gobierno".
"Era la última oportunidad para haber manejado una situación compleja de una manera distinta a como se había hecho antes. Pero como eso no ocurrió, el poco piso político que quedaba se fue al suelo. Lo delicado es que el candidato presidencial que presente el oficialismo, de momento sería Alejandro Guillier, vería alejada sus posibilidades de ganar la competencia ante la derecha", apuntó para esta crónica.
"No se produce ningún tipo de equivalencia entre los incendios y la candidatura de Guillier", alegó la diputada radical Marcela Hernando, quien también denunció un "juego político de la derecha, toda vez que lo que él ha dicho es que le dará continuidad a la profundidad de las reformas que impulsó este gobierno".
"No existió una prolongación de la anterior administración de Sebastián Piñera en el abanderado del sector (Evelyn Matthei) en 2013 y, por lo general, no tiene por qué producirse una continuidad entre los gobiernos y los candidatos de las coaliciones", remarcó.
Como si el calor no fuera suficiente, el Ejecutivo definió las prioridades legislativas entre marzo de 2017 y marzo de 2018, agenda que estará marcada por la campaña presidencial, proceso en el que se torna necesario asegurar el orden y unidad de las huestes. Todo enmarcado en un solo concepto: "realismo".
En total, son 48 proyectos, entre los que sobresalen las ocho instancias de la reforma educacional (superior y pública), 21 iniciativas sobre crecimiento, productividad y empleo, cuatro leyes ligadas a infancia, cuatro vinculadas a seguridad, dos centradas en descentralización, tres en salud (aborto incluido) y seis basados en la institucionalidad del país (migraciones).
Como era de esperar, hubo disconformidad en ambos caras de la medalla, porque mientras el PC reclamó ante la ausencia de la ley de pesca en la tabla, en el PS y el PPD exigieron la presencia de la AFP estatal, las isapres, la ley reservada del cobre, la ley de identidad de género y la despenalización del consumo de marihuana.
Hasta la exclusión de la ley de transporte remunerado de pasajeros, la denominada "ley Uber", fue motivo de alegatos.
Según Marco Moreno, "en la reforma a la educación superior el Ejecutivo ha tenido dificultades en toda la discusión y que de seguro podría complicarle la agenda política a La Moneda, porque requiere de un pronunciamiento claro, lo que de momento no ha ocurrido y es difícil que ocurra".
A su turno, Patricio Gajardo agregó que "no solo no se avanzó, sino que no se hizo nada y no genera entendimiento a nivel parlamentario ni de Consejo de Rectores (Cruch)".
"Se trata de un elemento relevante para el gobierno, porque es uno de los pocos temas en los que se puede dejar un legado. El problema es que no se sabe si existirá un debate en serio", advirtió.
El mismo Moreno aseveró que en el debate sobre el sistema de pensiones "no se instaló ningún aspecto para el análisis. Y es delicado, porque lo que pase con las AFP estará en la agenda política y será un parámetro para los distintos candidatos presidenciales".
Gajardo, para terminar, sentencia que "si bien se avanzó con el aborto y la idea de legislar en el Congreso, es poco posible esperar que el gobierno tenga espaldas para profundizar el ítem previsional más allá de los discursos de la Presidenta".
"Se requiere de amplios acuerdos, una buena ley y un debate profundo, y da la sensación que nada de eso va a ver, dado que pareciera que el gobierno entró en una fase de administración, donde ni siquiera las conclusiones de los diálogos ciudadanos para la nueva Constitución están disponibles, es más, están atrasadas... algo tendrá que salir", concluyó.
Fuente: www.cambio21.cl