Martes 9 de Mayo de 2017
Mirla Arcos Polanco es académica de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, Magíster con mención en necesidades educativas especiales múltiples. Con estudios en Educación Especial e Inclusión, Centro Aaron Ofri, Mashaw, Jerusalem, Israel. Egresada del Educational Leadership Programa, Perkins School for the Blind, Boston, USA.
En referencia a los recientes hechos en los que la Fundación COANIL se ha visto envuelta, surge desde el campo académico la oportunidad de poder pronunciarse al respecto, debido a que al momento del análisis de lo ocurrido los actores involucrados no solo son quienes se relacionan de forma directa con las personas en situación de discapacidad que han sido acogidas en la residencia, si no que incluye a todos aquellas personas de diversos sectores con los cuales cada uno de ellos se vinculó o no desde sus etapas más tempranas.
Hoy se tiene la posibilidad de sentar las bases en una reflexión profunda sobre las implicancias que tendrán por una parte los hechos mencionados, así como las acciones ordenadas por SENAME. Precisamente, el sistema en su conjunto ha ido evidenciando falencias respecto al histórico abordaje.
Particularmente el colectivo de personas en situación de discapacidad son quienes presentan un compromiso mayor en términos de sus manifestaciones del comportamiento, necesitando que los equipos que se encuentran a su cargo en el trato directo, lo que incluye a sus propias familias, puedan desplegar un sinnúmero de estrategias, todas ellas bajo un enfoque de derecho, que facilite su inclusión en todas las áreas de la sociedad.
La atención hacia estas personas, requiere de un cambio urgente en la mirada paradigmática respecto de ellos, sus familias y contextos; ciertamente si a la persona se le sigue considerando como un sujeto visualizado bajo el modelo biomédico, apuntando a medidas compensatorias que buscan una mejoría, no se avanzará hacia una intervención integral, más bien solo se ocultarán las problemáticas de manera superficial.
En nuestro país, COANIL acoge a esta población. Sin embargo, existe una importante necesidad de poder contar con actualizaciones permanentes que entreguen a través de herramientas basadas en la perspectiva de derecho, el poder redirigir una crisis o abordar un comportamiento, lo que sin duda acompañado de las condiciones apropiadas podría marcar una importante diferencia.
Tenemos la experiencia de Estados Unidos, que para este tipo de casos, recurre al sistema de “Intervención positiva y manejo de crisis de forma física no restrictiva” por sus siglas en inglés CPPI, el cual busca prevenir a través del establecimiento de protocolos instalados, las manifestaciones del comportamiento que tienen las personas que presentan una situación de discapacidad, sobre todo cuando la discapacidad intelectual se suma una pérdida sensorial, problemas severos de comunicación, autismo entre otras. Dicho abordaje implica una serie de recursos y organización al interior de los espacios que acogen a esta población, con el fin de poder brindar respuestas propicias a sus necesidades, pero por sobre manera debe ser el reflejo de la consideración de las personas en situación de discapacidad independiente de su origen o manifestación, como un sujeto que cuenta con derechos garantizados.
El presentar una situación de discapacidad en nuestro país resulta complejo y pese a la serie de avances que se han realizado en la entrega de diferentes servicios, aún persisten en nuestra época requerimientos que solo han sido abordados por instituciones, a las cuales se les debe entregar un soporte apropiado para ir conforme a los cambios, entregando las herramientas que permitan garantizar el pleno ejercicio de los derechos como ciudadanos.