Miércoles 28 de Junio de 2023
La discusión sobre aprobar o no una nueva reforma tributaria se ha hecho más compleja y requiere, efectivamente, una visión sobre un verdadero pacto a nivel de Estado. En efecto, existen factores que cuestionan el proyecto de reforma sobre sus bases conceptuales estrictamente, y otros que resultan de constatación sobre el uso efectivo de los recursos. Esta situación lleva a la necesidad de concebir un pacto más amplio que uno referente a la pura dimensión de los impuestos, los cuales, en todo caso, recaen directa o indirectamente sobre toda la población.
Desde luego, hay múltiples necesidades que deberían abordarse con más recursos fiscales, pero hay que tener en consideración que se han formulado múltiples compromisos tales como el término del CAE, el pago de la deuda histórica con los profesores; en realidad con solamente estos dos usos se requeriría recursos mucho más allá de lo que es posible sustentar con un alza de los impuestos. A eso se suman las necesidades en materia de la Pensión Garantizada Universal, del apoyo a la salud pública, de la atención a prioridades en materia de infraestructura y gasto educacional.
Es decir, como siempre sucede, la lista de necesidades es mucho mayor a las posible mayores disponibilidades de recursos. Entonces, es fundamental que la autoridad explicite bien las prioridades que deberían atenderse con los recursos producidos por una reforma. Esto requiere, además, atender un hecho fundamental: no hay objetivos específicos que pueda asociarse a los recursos tributarios, los cuales acuden a un fondo común de presupuesto estatal. Por eso es tan poco pertinente anunciar medidas dependiendo de los ingresos que generen los mayores impuestos, puesto que ello siempre dependerá de las prioridades que se establezcan posteriormente en la ley de Presupuesto de la Nación. En consecuencia, aquí debe existir un compromiso político, que debe ser la base de un “pacto fiscal” como se ha dado en llamar, establecido por la autoridad en función de sus prioridades de gasto.
Por supuesto lo anterior también debe tomar en consideración, las magnitudes específicas de que se está hablando. Es probable que, como lo indican experiencias anteriores en el país, la recaudación producto de una reforma destinada a elevar los impuestos sea menor a los presupuestado. Y esto pone en peligro los programas de gasto que deben, por lo mismo, priorizarse estrictamente en el marco de ese plan de desembolsos. Y esta priorización debe ser parte de un pacto fiscal establecido con el propio parlamento, reflejándose ello claramente en la ley de presupuesto de la Nación.
Pero el problema con esta propuesta de reforma tributaria va un poco más allá. Es cierto que el aumento de impuestos va en detrimento del crecimiento económico y de la inversión, y bien se haría en sincerar los números al respecto puesto que ello puede conllevar a una diminución en los montos de recaudación esperados. Pero, además, la discusión sobre la posible reforma se está dando en un marco poco propicio del punto de vista de la eficiencia y transparencia del gasto público en un contexto general. Se ha acusado un significativo incremento del empleo público, por ejemplo, del cual no se ha dado cuenta, especialmente por ocurrir dentro de un período de mayor estrechez económica general, particularmente del empleo privado.
Por otro lado, el gasto se ha visto afectado por las transferencias, posiblemente muchas de ellas irregulares, a entidades privadas de índole política. No se sabe con precisión las magnitudes envueltas, pero las estimaciones que se han hecho, y que bordean por ahora los US$500 millones, hacen prever montos significativos que son parte activa de una expansión del gasto fiscal. Independientemente de los aspectos penales posiblemente envueltos, es fundamental que este asunto se aclare bien antes de seguir discutiendo sobre las necesidades de fondos públicos para diferentes usos en materia social.
Hay que sacar la discusión sobre una reforma tributaria del plano político contingente, y llevarla a una mirada de Estado que compatibilice la necesidad de mayores recursos con un verdadero ordenamiento del gasto público. En este sentido, es indispensable que el proyecto se formule con total trasparencia con relación a la ejecución presente y futura.
Publicado originalmente en Diario Estrategia.