Miércoles 17 de Junio de 2020
Columna del Prof. Luis Riveros, decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones
Se ha consolidado un acuerdo político para favorecer una agenda fiscal cuyo norte es auxiliar a las familias que sufren las consecuencias de la recesión que nos afecta como resultado de la pandemia. Esa es una buena noticia, porque desde hace mucho se echa de menos el diálogo político que el país necesita en medio de sus dificultades y que la ciudadanía percibe como ausente.
La política es, por definición, el arte de dialogar para poder así gobernar, pero ha pasado a entenderse como el acto de transar, lo cual envolvería la renuncia a ciertos principios o la adopción de estrategias detrimentales en materia electoral. Esa no es forma de apreciar la importancia a de la política en nuestra sociedad, y ya hemos pagado muy caro la ausencia de diálogo en distintas coyunturas de nuestra historia.
El paso que se ha dado es importante, puesto que ayuda a recuperar el valor de la política como proceso permanente de diálogo y también como instancia decisiva de gobierno en cuanto al hacer de la política pública. El acuerdo logrado, además, se ha cimentado en la opinión de un grupo transversal de prestigiosos economistas, quienes han considerado los pros y contras de utilizar más recursos para apoyar a las familias y personas en más necesidad. Se ha hecho, además, con una perspectiva de más largo plazo, para evitar concentrar las políticas en una visión de puro corto plazo, cosa inconveniente porque lo central ahora es favorecer un clima adecuado para la recuperación de la economía chilena tras esta circunstancia presente. Quienes se excluyeron de este diálogo y del acuerdo resultante, han apostado a hacer ganancias políticas a partir del mismo, seguramente apostando al fracaso y a la insatisfacción persistente de la población afectada. Por el bien del país y por las mejores perspectivas para el año que viene, es de esperar que no tengan la razón, y que sí prime el buen juicio técnico combinado con el propósito político de un positivo impacto social.
El paso que se ha dado es importante, puesto que ayuda a recuperar el valor de la política como proceso permanente de diálogo y también como instancia decisiva de gobierno en cuanto al hacer de la política pública.
Las medidas acordadas en torno a proporcionar subsidios para auxiliar a las familias en mayor necesidad, se han basado en el uso de recursos fiscales ahorrados y en la opción de adquirir mayor deuda pública. Felizmente el país contaba con recursos y también con una clara credibilidad financiera en el campo internacional. Eso es algo que no debe dejar de subrayarse, puesto que ha sido el legado de sucesivas administraciones de gobierno que apostaron por la disciplina fiscal, el ahorro y al mejor posicionamiento posible en materia de riesgo país. A diferencia de otros países, donde no han primado estos conceptos, la economía chilena tiene la holgura para poder enfrentar sólidamente esta época de recesión y sufrimiento humano.
Dos cuidados es importante tener presente en cuanto a las bases adoptadas para el diseño de la política asistencial. En primer lugar, que no puede dejarse de lado a la clase media, cosa que ocurre en la medida en que la asistencia se concentre sólo en sectores que han caído o permanecen bajo la línea de pobreza. Pero existe también el profesional que boletea, el empleado público o privado que ha perdido su ocupación, el pequeño empresario que viene sufriendo de gran estrechez económica desde fines del año 2019, todos quienes no necesariamente, por ahora, están bajo la línea de pobreza pero se encuentran en una situación de extrema debilidad económica. A esta población es necesario atender, como se ha estado haciendo, pero reforzando los mecanismos de apoyo al desempleo, de adopción de medidas de sostén a la mediana y pequeña empresa, de otorgamiento de subsidio para los trabajadores independientes.
La segunda prevención es que hay que cuidar el frente macroeconómico, puesto que el mayor endeudamiento o el mayor déficit fiscal, o ambas cosas, pueden deteriorar nuestra clasificación de riesgo país, y hacer más difícil atraer inversión que necesitaremos para poder recuperar a la economía el 2021. Esta es una tarea difícil, porque la inversión ya se había visto amedrentada por los sucesos desde fines del año 2019 y que pusieron en tela de juicio la estabilidad política y económica del país.
Es muy importante que en el marco de este acuerdo político así logrado, se pueda sentar las bases para una estabilidad institucional que el país precisará urgentemente para construir un polo atractivo para la inversión y así sustentar un crecimiento satisfactorio a partir del año 2021.