Viernes 13 de Diciembre de 2024
El sociólogo e investigador de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones, analiza cómo las pruebas estandarizadas, promovidas bajo un modelo educativo de mercado, han enfrentado críticas, movilización social y transformaciones significativas en las últimas dos décadas.
El estudio del académico e investigador del Centro de Investigación de Economía y Sociedad (ESOC), que fue publicado en la revista especializada Tempo Social, examina el desarrollo y la transformación de las políticas basadas en pruebas estandarizadas de altas consecuencias en Chile, particularmente el SIMCE, en el contexto de las reformas al modelo de mercado en educación. La investigación aborda desde su auge inicial en los años 80 hasta su retroceso parcial tras las protestas sociales y los cambios en las políticas públicas más recientes.
El trabajo indica que Chile fue pionero en implementar un modelo de educación de mercado, utilizando pruebas estandarizadas como el SIMCE para evaluar la calidad educativa y orientar a los padres en la elección de escuelas. Sin embargo, las protestas estudiantiles de 2006 y 2011 marcaron un quiebre al criticar este modelo por perpetuar desigualdades. Las movilizaciones fracturaron el consenso neoliberal y dieron inicio a un periodo de transformación en las políticas educativas.
Entre 2006 y 2014, el SIMCE experimentó una expansión significativa, evaluando más grados y materias. Sin embargo, esta intensificación provocó efectos adversos: las pruebas empezaron a ser vistas como un aspecto central de un modelo que estigmatizaba a las escuelas, generaba mayor segregación social y reducía la educación a un enfoque centrado exclusivamente en resultados de evaluaciones.
En respuesta a la intensificación de la rendición de cuentas de altas consecuencias surgió Alto al SIMCE, una campaña liderada por jóvenes académicos y activistas educativos. Este movimiento enmarcó a las pruebas estandarizadas como herramientas que socavaban la educación como un derecho social, ganando rápidamente apoyo público. Para 2016, estas demandas comenzaron a traducirse en cambios: distintas grupos de expertos y agencias asociadas al gobierno de la educación comenzaron a recomendar la reducción de las evaluaciones, la prohibición de la publicación de rankings, y la adopción de evaluaciones formativas, no punitivas.
Chouhy argumenta que un factor clave en esta transformación fue la consolidación de un campo de expertos en educación patrocinado por el Estado, que cuestionó el el consenso neoliberal previamente incuestionable. Este cambio en el enfoque epistemológico cuestionó (al menos en parte) la influencia de la economía en la formulación de la política educacional, generando un espacio para ideas heterodoxas.
Esta investigación recorre hitos clave como la Ley General de Educación de 2009, la Ley de Aseguramiento de la Calidad de 2011, y los cambios recientes tras las protestas de 2019. Concluye resaltando el poder de las ideas, la movilización social y la experticia en la configuración de políticas públicas, cuestionando la noción de los mercados como entes apolíticos.