Miércoles 13 de Diciembre de 2023
La ciudadanía debe pronunciarse en torno al proyecto de Constitución elaborado por la Convención Constitucional, elegida para dicho propósito. Esa elección puso de manifiesto una voluntad ciudadana en torno al proceso en sí, el cual es aún cuestionado por algunos sectores debido a que el rechazo del anterior proyecto constitucional implicaba que no debía continuarse con una nueva etapa, como efectivamente ha sucedido. La cuestión es que estamos ad portas de definir el futuro del proyecto en cuestión, en un ambiente de gran inquietud ciudadana por la situación en que se encuentra el país en varios aspectos.
En efecto, Chile vive angustiado por la creciente delincuencia que al parecer, especialmente en las grandes ciudades, no tiene ningún atajo efectivo. Asesinatos, guerras de pandillas, portonazos, raptos, robos y todo tipo de delitos, hoy día se efectúan casi sin ninguna restricción. Junto a eso, el país sufre una verdadera invasión de inmigrantes ilegales, que en proporción significativa parecen sumarse a la ola delictiva que atemoriza a la población y crea gran incertidumbre sobre la propiedad y la vida. Asimismo, el narcotráfico ha encontrado un campo propicio para desarrollar su nefasta influencia, incluso apoderándose de partes de las ciudades y llevando su maligno producto a niños y jóvenes, generando un efecto pernicioso que se extiende luego a los resultados educativos y laborales. Como si esto no fuera suficiente, se vive una angustiante situación económica, con aumento del desempleo, estancamiento productivo, y una importante caída en la inversión, esto último precisamente por el alto grado de incertidumbre que afecta al país.
Ciertamente, las promesas sobre mejorar las pensiones quedaron en sólo discursos, mientras que los únicos beneficiarios de mejoras significativas han sido los delincuentes indultados por decisión presidencial. Pero, además, se vive una crisis creciente en la salud pública, por falta de insumos y déficit de profesionales, llevando a listas de espera interminables y a un maltrato que obliga a las personas a obtener una hora para sólo varios meses más tarde luego de acudir a los centros de salud de madrugada para poder obtener un “número”. Y como si esto fuera poco, la educación pública vive su peor crisis por desatención y ausencia de protocolos y acuerdos para una mejoría sostenible. Los efectos de esto último los empezamos ya a pagar, por las menores oportunidades de la población de menores recursos atendida por el sistema público.
Todo lo anterior, que según la versión oficial es sólo producto de “sensaciones”, mantiene a una población angustiada especialmente al no observar ninguna respuesta proactiva. La clase media está descendiendo a nivel de población vulnerable, y eso crea una mayor sensación de desamparo especialmente cuando se tiene que hacer frente a una carga tributaria significativa, la cual sólo amenaza acrecentarse. Por cierto, vivimos problemas estructurales de los cuales no nos podremos apartar, pero también experimentamos un empeoramiento en ausencia de decisiones cruciales para mejorar la calidad de vida de la población.
El proyecto constitucional, ciertamente, no está destinado a abordar directamente estas materias que son, en su mayoría, objeto de leyes y decisiones político-administrativas. Pero el proyecto sí entrega un marco para que eso se aborde: por ejemplo, dictando una norma sobre la expulsión de inmigrantes ilegales capturados cometiendo delitos y endureciendo el accionar policial y judicial sobre el narco tráfico, el terrorismo y la delincuencia en general; asimismo, estableciendo un estado social de derechos, en que el Estado se obliga a proveer una educación y salud decentes, como también una pensión mínima digna; también reponiendo una cierta justicia tributaria para la clase media, al proponer la eliminación de las contribuciones sobre la primera vivienda; del mismo modo, reduciendo el tamaño del Parlamento. La actual constitución ha dado cabida a muchos de los males que hoy nos afectan, porque no obliga a la clase política a adoptar decisiones cruciales. Es curioso que la extrema izquierda y la extrema derecha defiendan esta situación prevaleciente y abran así la puerta a un nuevo proceso que prolongará la incertidumbre y la disputa política por otros varios años. La ciudadanía debe estar alerta sobre las especulaciones y noticias falsas que han rodeado esta discusión, y centrar su decisión en lo que el proyecto implica para la vida de todos y cada uno.
El país necesita recuperar su normalidad, elevar las expectativas, rescatar su economía, mejorar las condiciones de los servicios públicos e iniciar un serio esfuerzo de reordenamiento de la política pública. En esa sentida esperanza, la aprobación del proyecto constitucional será un camino hacia el acuerdo mayoritario de un Chile que demanda estabilidad y confianza para el buen desarrollo de la vida en comunidad.