Jueves 30 de Marzo de 2023
La Cámara de Diputados y Diputadas ha decidido dedicar una semana al estudio y despacho de un cierto número de proyectos de ley atingentes a temas de seguridad. Se destaca la voluntad de legislar sobre proyectos relativos a las penas atribuibles a quienes causen daño a Carabineros y personal de la PDI. Han dicho que ahora sí se pondrá mano dura para castigar debidamente a quienes cometan actos de violencia que afecten a personal policial.
Todo esto a propósito del alevoso asesinato de una suboficial de Carabineros de Chile a manos de un grupo de delincuentes que huían precisamente del accionar policial. Sin duda una iniciativa muy relevante la de nuestros Parlamentarios, aunque adoptada tardíamente y más para conformar las agendas comunicacionales, en un tema que ha desatado la indignación de la ciudadanía.
El problema es que esta agenda que se discutirá versa sobre proyectos detenidos desde hace algún tiempo, y nadie ha explicado porqué se ha vacilado tanto en avanzar en una legislación sobre tan decisiva materia. Varios proyectos que fueron votados anteriormente y que consultaban castigos significativos contra quienes desataran violencia contra la policía, obtuvieron el rechazo de muchos parlamentarios, incluso de varios que hoy día detentan cargos de importancia a nivel del gobierno.
Pero más allá de esto, lo que no se ha explicado es porqué ahora sí tales proyectos tendrían posibilidades de ser aprobados en el correspondiente trámite constitucional. Seguramente priman en ello las presiones comunicacionales que pretenden restaurar la deteriorada imagen de nuestros legisladores en materia de oportunidad y relevancia de su trabajo.
Pero un segundo aspecto a explicar es porqué se cree que este acto legislativo podrían constituir un cambio, una especie de un “antes y un después”, en materia de castigo a la delincuencia. En realidad, el fenómeno delictual que nos invade y modela en forma decisiva nuestro propio hacer como sociedad, dependen de múltiples factores, incluyendo el empoderamiento de la policía con debidas atribuciones, la disposición de medios efectivos y la existencia de una justicia que efectivamente cumpla con su rol de castigo. Si esto no se consulta integralmente en los procesos legislativos, podemos tener una serie de leyes con duros castigos pero que serán buenas declaraciones en papel.
En los hechos, sin que se aborde integralmente el problema, no ocurrirá nada significativo. Además, si no camina junto con una seria y efectiva protección al ciudadano común de todos los actos delictuales a los que ya nos vemos costumbrados, una legislación que castigue las agresiones a la policía puede ser insuficiente. Demás está decir que, sino se legisla y actúa severamente contra la inmigración ilegal, las leyes emanadas de este esfuerzos que ha comunicado realizará la Cámara, puede resultar totalmente insuficiente.
Todo llama a que exista efectivamente un trabajo políticamente transversal sobre estas materias, más allá de declaraciones y del uso oportunista de las situaciones que se crean en torno al ataque contra la policial civil y uniformada. Son varios los aspectos que deben consultarse en una agenda que no puede abordarse “por pedazos”, si no se concibe un actuar de conjunto, especialmente en vistas a las distintas aristas que ha adquirido el accionar delictual y que aparentemente se ha decidido abordar por partes.
Lo que no es aceptable es que la vida ciudadana esté determinada por el accionar de la delincuencia común, el terrorismo y el narcotráfico. La ciudadanía espera que esto se aborde integralmente, y que el mundo político enfatice un trabajo profundo y transversal en estas materias, más allá del atractivo noticioso que se trata de despertar con acciones parciales pero de poca posible efectividad.
Ya no es aceptable que a un niño se le diga que no puede ir a su escuela porque hay un funeral narco que tiene lugar en las inmediaciones. Tampoco que una familia se deba encerrar para proteger su hogar y pertinencias. Ni que un agricultor no pueda trabajar su tierra por el riesgo de que le incendien maquinarias a instalaciones. Y menos posible que la policía actúe bajo la amenaza permanente de muerte y violencia desmedida contra sus miembros.
No es posible que el mal triunfe y que nuestra sociedad se desmorone poco a poco por su terrible expansión. Chile espera que sus representantes aborden de verdad estos graves dilemas.
Publicado originalmente en Diario Estrategia.