Jueves 20 de Julio de 2023
Las significativas protestas que se llevaron a cabo a partir de octubre del año 2019, tuvieron como explícita justificación el descontento con lo alcanzado en el país durante el período posterior a 1990. Quienes fueron, de un modo u otro, los patrocinadores de la violencia desatada y de la virtual destrucción de patrimonio público y privado, aludieron al descontento atribuido al estancamiento económico y social, además del nulo avance en materia de transformación institucional. No hubo debate, sino simplemente manifestaciones que se sucedieron a lo largo de todo Chile, y que se percibían organizadas y con recursos para, por ejemplo, incendiar una veintena de estaciones del Metro o llenar las ciudades de rayados alusivos.
Sin duda, existía un descontento de base, porque muchos observaban que el progreso alcanzaba a solamente unos pocos, y en esa visión había un problema que no se había solucionado integralmente. Muchos adhirieron a esas manifestaciones, en sus comienzos, porque efectivamente protestaban por las múltiples fallas de los servicios estatales, incluyendo salud y educación, y por la ausencia de un sistema de pensiones que el país no ha podido definir satisfactoriamente. Esas manifestaciones legítimas fueron las de los primeros días, tras lo cual muchos de esos manifestantes se deben haber sorprendido por la transformación de esa protesta en una inmanejable cadena de destrucción y violencia.
El trasfondo de las protestas siguió atribuyéndose a los 30 años en que el país no había experimentado, aparentemente, ningún progreso, mucho menos en el campo social. La situación pronto adquirió ribetes de golpe de estado, frente a lo cual la dirigencia política pactó sobre la elaboración de una nueva constitución, un tema que no había aflorado explícitamente. Lo que siguió, historia ya conocida, fue la ocurrencia de dos procesos sucesivos de análisis de la constitución vigente y de su eventual cambio que habría de reflejar, ya no está claro, los principios o propuestas emanadas de las protestas generalizadas.
Los dirigentes políticos asociados a la izquierda fueron férreos defensores de las protestas en la línea de la disconformidad con lo no alcanzado en aquellos 30 últimos años. Sostuvieron que esa era la base de los cambios constitucionales requeridos y que ameritaba un significativo cambio en materia de políticas económicas y sociales, principalmente.
Así fue elegido el actual gobierno en base a una propuesta general de cambiar el curso de los últimos 30 años con medidas que repusieran, según se entendió, la recuperación del crecimiento, la realización de suficiente inversión, el establecimiento de adecuados equilibrios macroeconómicos, y todo ello en un marco de mayor justicia social y de efectiva atención a las políticas en materia de educación, salud y pensiones. O sea, así se podría revertir todo aquello mal realizado o derechamente descuidado en los 30 años en que se alternaron en el gobierno sectores de centro izquierda y de centro derecha. Todo ello en el marco del rescate de la figura de Allende y de los propósitos programáticos del gobierno de la Unidad Popular. O sea, la mirada había que extender hasta antes de los 30 años que condujeron a tanta frustración y desencanto.
El presidente de la República, uno de los dirigentes que imprimió ese sello de protesta a su propia campaña eleccionaria, acaba de emitir una visión completamente cambiada sobre 30 años posteriores a 1990. Ha reconocido que fue un período de progreso en lo social, y de estabilidad económica, junto a la modernización de la institucionalidad. En particular, destacó que esto había creado un ambiente propicio para la inversión, que hoy día es tan necesario atraer.
Sin ninguna duda, como se ha dicho tantas veces, esos 30 años imprimieron una dinámica económica que hizo a Chile un caso único en el mundo en desarrollo, junto a progresos sociales importantes como es el haber disminuido la pobreza de modo manifiesto junto con haber estrechado la distribución del ingreso. Por cierto, y siempre se dijo, faltaba mucho por hacer, pero el país tenía las condiciones para progresar en esas mismas líneas. Sin embargo, luego de las palabras presidenciales, que son tan discordantes con la realidad que sirvió de plataforma a las protestas y a los procesos eleccionarios que siguieron, el país necesita una explicación.
Esto, especialmente porque no queda claro el camino a seguir, que ahora parecería ser el de continuar con aquellos años de éxito y políticas de encuentro nacional. Pero ya estamos en una avenida distintas, camino a la confrontación en medio de las más severas disparidades ideológicas. Habrá que esperar las señales que entregará el gobierno sobre el futuro curso de las cosas, a menos que las declaraciones en España hayan sido solamente un instrumento para convencer a potenciales inversionistas. Pero claramente, el país necesita concordar y descifrar ese discurso a la luz de los alcances programáticos que ha manifestado el propio gobierno, y que se encuentra en curso con ahora mayores ingredientes de confusión.