Jueves 18 de Enero de 2024
Desde mediados del siglo XIX el debate sobre educación en Chile giró en torno a la controversia entre dos visiones: libertad de enseñanza o estado docente. Libertad de enseñanza, bandera agitada por los conservadores, no aludía a una posible “liberalización” dejando a la educación puramente en manos del mercado. Intentos como la iniciativa de Abdón Cifuentes proponían una más bien laxa regulación sobre la iniciativa privada, pero nunca desconoció la potestad del Estado como garante en el marco del propósito social y moral de la educación.
Un debate intenso, con puntos álgidos como la reforma constitucional de 1874 que incluyó la libertad de enseñanza como un derecho, aunque sin modificar la preeminencia del Estado, tema que tampoco cambio con la constitución de 1925. Y la educación chilena progresó de modo significativo por un siglo y medio a través de una buena complementación entre políticas de Estado y desempeño privado. Se hicieron siempre esfuerzos por permitir un desempeño privado libre para emprender proyectos educativos, pero preservando los fundamentos esenciales para preservar los más altos intereses de la Nación.
Lo clave de este largo período, que podríamos denominar de mercado con Estado, fue que este último debía regular por medio de su propia oferta además de las reglas fundamentales que debían enmarcar el hacer educativo. Es decir, el Estado proveía una educación de calidad que en su esencia se convertía en un mecanismo regulatorio o un referente para la educación privada. Significaba esto que el Estado tenía que hacer un esfuerzo permanente para elevar los resultados del sistema público, para así inducir mejores logros en el sistema privado y en el conjunto.
Además, el Estado proveía reglas a través de los instrumentos usuales, cuyo cumplimiento permitía asegurar la calidad del proceso educativo tanto privado como público. Es también cierto que el Estado se reservaba el derecho de examinar a los estudiantes privados que cumplían ciertos hitos formativos; pero esto pasó a ser innecesario, puesto que las reglas de aseguramiento de calidad estaban provistas por un desempeño que tomaba en consideración la referencia que constituía el sistema público.
Durante un largo período la educación chilena funcionó efectivamente a través de este modelo de “estado docente” que más bien podría haber sido designado de “estado vigilante”. Asimismo, la libertad de enseñanza que se reclamaba envolvía un principio de “debida regulación”, como hoy es aceptado en tantas actividades nacionales. El ejemplo está a la mano: por varios años se brindó una total desregulación al sector privado para desarrollar sus proyectos de educación superior; hay aquí buenos y malos resultados que podrían ocupar el sitial de ejemplos convenientes. Pero, más allá, el Estado nunca dejó que las universidades públicas sufrieran un decaimiento que las dejara de convertir en un referente necesario para cualquier proyecto educativo privado. Además, el Estado enarboló normas que establecían el marco fundamental que permitiría asegurar la calidad del sistema. Todo esto configuró un sistema de acreditación por calidad que es aplicable a instituciones privadas y públicas, especialmente en el campo universitario.
No se podría decir que estas normas y el mantenimiento de calidad en instituciones estatales, se hayan convertido en una cortapisa para el buen desempeño del sector privado. Por el contrario, y dado que todas las instituciones deben responder igualmente a los requerimientos de calidad que exige el sistema, se observa como un factor fundamental para una sana competencia. Incluso más: tal como existe una educación general que es privada pero subvencionada por el Estado, también hay una educación universitaria privada y subsidiada por el Estado. Pero éstas funcionan bajo reglas similares aplicables a las estatales, y hasta han obtenido el beneficio de la gratuidad para sus estudiantes, la cual no está, ni debería estar, solamente reservada para las instituciones públicas.
Parece un buen ejemplo de un estado docente moderno aquel que constituye nuestro actual modelo de educación superior: reglas claras y transparentes para asegurar la calidad, aplicable tanto a instituciones privadas como públicas, y también a privadas subvencionadas. Un sistema público de calidad que se convierte en referente para el desempeño de las instituciones privadas. En la crisis que vive actualmente nuestra educación básica y media, especialmente en el ámbito público, a lo mejor es posible pensar en un modelo de estado docente similar, a la altura de los requerimientos del siglo XXI.. Más allá de la pura voluntad, esta reflexión requiere una mirada de largo plazo, que es lo natural al tratarse de modelos educativos.