Viernes 21 de Abril de 2023
El país cuenta con una significativa batería de leyes y reglamentos para poder enfrentar efectivamente la oleada de criminalidad que se hace presente en el día a día. Frente a las actuales circunstancias, parece ser más bien una prioridad el que se dialogue sobre las posibles fallas en la aplicación efectiva de esas normas, en lugar de priorizar la creación de nueva normativa para intentar controlar la acción delictual. Y
a se ha dicho en forma reiterada que el problema de Chile radica, por una parte, en una insatisfactoria provisión de servicios policiales debido a la falta de material adecuado y, principalmente, la ausencia de una legislación que efectivamente se contraponga al delito y persiga con eficiencia a los criminales que hoy día actúan con relativa impudicia. Pero, lo más grave, es la permisividad que se asocia a la concepción de los instrumentos jurídicos.
Por una parte, porque los mismos parecen estar inspirados en un afán de proteger los eventuales derechos de los delincuentes, en una interpretación que ha llevado al extremo la teoría garantista asociada a la ley penal. Pero, por otro lado, porque la aplicación de la ley se efectúa con cierta permisividad, al menos a los ojos de quienes no somos del campo jurídico, porque los ofensores se encuentran a menudo en libertad condicional, con arresto parcial o simplemente prófugos. Parece que un diagnóstico sobre estas materias, incluyendo la situación del sistema carcelario, es urgentemente necesario, para así saber en qué debería perfeccionarse el instrumento jurídico o su aplicación por parte de los jueces.
Es toda la llamada “clase política” la que se encuentra bajo severa crítica por parte de una ciudadanía que vive amenazada diariamente por el delito y que no deja de sorprenderse por las acciones delictuales desembozadas del día a día. Ya casi no sorprenden los asesinatos que se vinculan a actos delictuales o al simple ejercicio de venganzas o encargos. Por su parte, el narcotráfico ha expandido su acción de modo evidente y con ello ha desplegado un escenario de violencia que inunda a barrios y poblaciones, y que extiende su accionar desembozado o silencioso a través de todo el espectro social.
Frente a todo esto, el accionar policial se ve acotado y hasta temeroso, porque está detrás de ello el desempeño de una justicia que enfatiza los derechos del ofensor y no el accionar del represor. Y, además, porque junto al insuficiente empoderamiento de las policías, existe una dotación de recursos que es insuficiente frente al poder de fuego y resuelto accionar de los delincuentes. Demás está decir la deficiente dotación de carabineros frente a las evidentes necesidades que reclaman muchas comunas de Chile.
Entonces sorprende al ciudadano que en un diálogo como el que ha propuesto el gobierno y la oposición, para establecer un mejor sistema de resguardo frente al delito, no se encuentren presentes las policías y el poder judicial. ¿No debiera ser esto una condición sine qua non para lograr mayor efectividad en el control y represión del delito? El país ni siquiera cuenta con una evaluación objetiva respecto a la incidencia del delito y las fallas en su debido control, tema que debe envolver a la policía y al sistema judicial. Por el contrario, el diálogo que se propone envuelve a legisladores que representan, antes que nada, a ese mundo político cuya mirada parece ser insuficiente frente a la magnitud del problema que se enfrenta.
La idea de crear un nuevo ministerio, por ejemplo, deja de lado la esencia del problema y las razones de la insuficiencia con que se aborda la problemática delictual a través de los instrumentos que posee el estado chileno. O sea, se trata de un diálogo que deja conforme al mundo político en la expectativa de mejorar su evaluación y su posicionamiento frente a la sociedad. Pero en nada se preocupa de las implicancias del problema que los chilenos estamos viviendo a diario, y que amerita, antes de nuevos organismo y legislaciones, de una aplicación efectiva de las normas que ya poseemos y del accionar decidido de la institucionalidad existente.
Vivimos una situación de inseguridad con graves implicancias, que se proyecta a una cierta dislocación de la sociedad chilena y al descrédito de nuestros representantes. Bien se haría especificando un listado de posibles acciones concretas para enfrentar la situación vigente, por medio de un diálogo interinstitucional con presencia de los cuerpos policiales y los tres poderes del Estado.
Publicado originalmente en Diario Estrategia.