En estas últimas semanas en el sur de Chile se han vivido una serie de situaciones de violencia que han afectado, entre otros, a pequeños agricultores y comuneros mapuche. En el primer caso, se trata de ataques reiterados a propiedades campesinas, afectando gravemente la economía y amenazando la seguridad individual de los parceleros. En el segundo caso, comuneros mapuche, incluyendo niños, han sido víctimas de violencia policial por parte de algunos funcionarios de carabineros que han actuado contraviniendo el marco legal y su propia misión institucional.
Estos hechos se enmarcan en un proceso que lleva muchos años y al que el Estado no ha sabido darle una dirección adecuada. Las raíces de esta situación son muchas y con distintos niveles de profundidad, y aquí nos detendremos en algunas de ellas.
Los reiterados abusos policiales encuentran una explicación en una concepción política y en una práctica sistémica que no termina por asumir la función policial como una garantía para los derechos de la población, a pesar de determinados esfuerzos institucionales por revertir esa situación. De la misma manera como la ausencia de una fuerza pública haría casi imposible la convivencia humana y el libre ejercicio de los derechos, esa convivencia y derechos se deterioran gravemente si la policía no se ciñe a su rol republicano o el poder político la instrumentaliza para enfrentar situaciones que exceden su finalidad propia. La utilización de la fuerza estatal para encarar cuestiones que debe resolver la política, puede terminar por trastornar el orden democrático, deslegitimando aquel derecho que, precisamente, la policía está llamada a dar eficacia.
A ello se suma una deficiencia estructural que no entrega garantías de persecución y sanción frente a la violencia policial. Ya en dos oportunidades la Corte Interamericana de DDHH ha condenado a Chile por mantener una jurisdicción militar que no satisface requisitos tan básicos como los de idoneidad funcionaria, independencia e imparcialidad; amén de mantener una competencia sobre delitos que no son propiamente militares, como es el caso de las "violencias innecesarias" de funcionarios en contra de civiles. Esta situación hace imposible contar con una justicia legitimada y que supere la sospecha de favorecer la impunidad. Las autoridades políticas, por su parte, no han hecho lo que les corresponde para superar esta situación.
A su vez, esto se enmarca en una política estatal hacia los pueblos indígenas que adolece de problemas más profundas. La política seguida en relación a los pueblos indígenas ha estado marcada por la falta de voluntad y la incoherencia al momento de implementar los derechos que el mismo Estado ha reconocido. El Decreto Supremo N° 124, dictado por MIDEPLAN en 2009, por ejemplo, constituye por sí mismo una violación flagrante del derecho de consulta a los pueblos indígenas reconocido en el Convenio 169, pero aún así continua vigente. Lo mismo puede decirse de la omisión de consulta a los lafkenches (gente de mar) en un aspecto tan central para ellos como es el proyecto de Ley de Pesca.
Los gobiernos, tanto los anteriores como el actual, han mantenido en la materia una política que pretende "administrar" el conflicto, en un aparente empate de los intereses en pugna, pero que termina favoreciendo a los principales actores económicos y políticos. Se llama a comisiones de verdad y nuevo trato y paralelamente se aplica una ley antiterrorista con tipos legales amplios e indeterminados. Se convoca a cumbres o comités de seguridad y, al mismo tiempo, se pretenden constituir cumbres sociales. Se llama a las comunidades indígenas a participar en mesas de diálogos, pero se les desconoce el derecho a la consulta en temas que realmente importan.
Todo este desacierto, por cierto, no justifica la violencia ejercida en contra de personas que viven en tierras contiguas a las comunidades indígenas, sea quienes sean los autores de esas agresiones. Ninguna circunstancia puede autorizar los ataques a la propiedad y a la seguridad de ellos. Tomarse en serio los derechos humanos implica también asumir su aplicación horizontal frente a todos los seres humanos, sin distinciones. La cuestión, sin embargo, es que esas mismas políticas estatales han servido de acicate a este tipo de reacciones y algunas personas encuentran en la hipocresía gubernamental una justificación de sus actos, lo que termina por intensificar el conflicto. En ese contexto, también los/as funcionarios/as de carabineros terminan asumiendo un costo altísimo por la inoperancia política.
La acción del Estado frente a los pueblos indígenas durante estos años ha resultado ineficaz e inconsistente con su tarea de promover el bien común y de respetar y garantizar los derechos humanos. Por falta de voluntad, por privilegiar intereses parciales e inmediatos, o por no asumir las obligaciones que derivan de los derechos de las personas y de los colectivos, se sigue entrampado en una situación cuyos niveles de conflictividad no disminuye.
La protección de los territorios indígenas y la recuperación de éstos, son derechos que forman parte integrante del ordenamiento jurídico chileno (Convenio 169 de la OIT, Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas), y el rol del Estado es encontrar mecanismos eficaces y ecuánimes para implementarlos. Es una tarea compleja y que tomará un buen tiempo concretarla por lo que debe ser llevada adelante sin dilaciones y de buena fe. La única forma de superar la extendida convicción indígena de que detrás de cada medida gubernamental se esconde un intento soterrado de expoliación, es decidiéndose a marcar una diferencia frente a una política tradicional de gatopardismo ("Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie") y tomarse en serio los derechos indígenas.