Jueves 30 de Junio de 2022
El ex presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch; la consejera y ex presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente; el ex presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica; y el decano de la Facultad de Derecho y Humanidades, Emilio Oñate, conversaron con la periodista Nicole Rodríguez sobre el documento que se vota el 4 de septiembre. El Decano Oñate destacó como “válidas y absolutamente democráticas” las opciones de apruebo y rechazo.
Una interesante instancia para dialogar sobre el documento elaborado por la Convención Constituyente organizó la Facultad de Derecho y Humanidades (FACDEH) junto a la Dirección de Comunicaciones Corporativas de la Universidad. El espacio “Reflexiones sobre la propuesta de texto constitucional” contó con la participación de cuatro destacados expositores: el ex presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch; la consejera y ex presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente; el ex presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica; y el Decano de la Facultad de Derecho y Humanidades, Emilio Oñate, quienes fueron acompañados por la periodista Nicole Rodríguez.
El ex presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, destacó que el espíritu de la propuesta constitucional “es refundacional” y “hacer un cambio radical en las estructuras del país (...) desentenderse de eso es no entender después el texto”, dijo. El órgano quedaría “disminuído” en la propuesta, advirtió, y dijo no ver “con mucha esperanza este proceso en lo que a un Estado de Derecho se refiere”.
En esa línea, el ex presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, fue enfático en que “el Poder Judicial (PJ) no necesita reformas de fondo y menos refundación, partir prácticamente de cero”, por lo que no estaría de acuerdo con que el PJ sea reemplazado por un sistema de justicia. Confesó el temor de que el organismo se politice.
Una mirada diferente tuvo la ex presidenta y actual consejera del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, quien reconoció que “se refuerza en el texto constitucional la idea del ecosistema de transparencia e integridad en lo público”. Explicó que “el cambio cultural que representa algunos de estos principios básicos de la modernización del Estado, como la probidad, el buen gobierno y la transparencia pública, tanto en el Estado como en las diversas actividades de impacto público, tiene una especial significancia toda vez que la tradición institucional pública chilena se ha visto forzada a transitar desde una administración acostumbrada al secretismo y la opacidad hacia un escenario de apertura y acceso a la información pública”, esto a pesar de identificar elementos pendientes en la propuesta.
La cientista política recordó que “el proceso constituyente es un proceso; no un resultado que vamos a ver en septiembre. La tarea que le queda al país es muy larga y profunda a partir de aquello que le da origen”.
Una mirada similar tuvo el Decano de la Facultad de Derecho y Humanidades, Emilio Oñate, quien destacó las “inequidades estructurales existentes en la sociedad chilena” como el origen del proceso. Y fue enfático en que las opciones de apruebo y rechazo son “válidas y absolutamente democráticas”; no obstante advirtió que “una de las principales derrotas que ya tiene este proceso constituyente es que cuesta mucho aproximarse al texto sin nuestras concepciones preconcebidas. Y sin estar influenciados por el clima que generó la propia convención y varios de los convencionales constituyentes”.
Asimismo confidenció: “Soy de los que cree que este texto que se está proponiendo al país tiene serios déficits desde el punto vista técnico jurídico, pero creo que ese es un análisis reduccionista (...) Que Chile defina un modelo de Estado por primera vez en la historia constitucional, que digamos que Chile es un Estado social y democrático de derecho me parece un avance superlativo”. Asimismo recordó que “el espíritu de la constitución vigente, la esencia, se mantiene. No ha cambiado el texto constitucional en cuanto a la desconfianza que hay hacia el Estado o hacia la tutela o garantía de Derechos sociales” y destacó la legitimidad del texto al ser elaborado por ciudadanos electos y no por comisiones de expertos: “Ha sido un avance civilizatorio, democrático, en buena hora que así sea”, dijo.
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