Seminario internacional analiza Tribunales de Drogas y falencias del sistema penal en la materia

“Los Tribunales de Drogas son una política muy dura, que parte de una visión de las personas que consumen drogas y cometen delitos, y los asume como víctimas del flagelo, que pierden autonomía, los invita a participar en una lógica de zanahoria y garrote”, explicó la académica de la Facultad de Derecho y Humanidades (FACDEH), Paula Medina, en el seminario internacional  “La Guerra Contra las Drogas y los Tribunales de Drogas”.

En la instancia académica, el profesor de la Universidad Externado de Colombia, Dr. Camilo Umaña Hernández, expuso la ponencia “Criminalización secundaria y terciaria en Colombia: quiénes son los clientes del sistema penal en la guerra contra las drogas”. En la que retrató a la población actual de las cárceles en dicho país, a quienes se refirió como “clientes": cantidad, género, origen y reincidencia, fueron algunos de los elementos clave.  Actualmente 36.025 personas están privadas de libertad por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ránking, que destacó, “es muy alto en el sistema penitenciario colombiano”, de las cuales 8.030 son mujeres. 

“La mayoría de estas mujeres está privada de libertad en lugares donde abunda la desigualdad y la pobreza. Sitios en donde se sufren las consecuencias del conflicto entre los grupos armados al margen de la ley y las fuerzas militares del Estado, donde hay carencia en programas sociales y no hay acceso a la educación”, advirtió el académico. 

Según Umaña, en Latinoamérica “merecemos una discusión más intensa y permanente de posibles alternativas para estos problemas sociales”, ya que en general responden a “estructuras de vulnerabilidad” y precarización. Por lo que “habría que romper la idea causalista del delito, entendiendo los factores de riesgo desde una perspectiva más fuerte”.

Por su parte, el académico e investigador de la FACDEH y organizador del encuentro, Dr. Silvio Cuneo Nash realizó un “Análisis crítico de los Tribunales de Drogas” quien advirtió un “encarcelamiento racista, clasista y con problemas de género”, que fomenta que “mujeres pobres, con vulnerabilidad de origen” y violencia de pareja terminen tras las rejas. Si bien la aparición de los Tribunales de Drogas como políticas alternativas a la prisión puede sonar como una buena noticia, en la práctica no lo es, debido a que las condiciones para calificar a ellos, no necesariamente son cumplidas por quienes más lo necesitan. Tienen “criterios de selección penales y no cuál es la verdadera necesidad” de quienes” requieren un tratamiento contra las drogas”, comentó.

“El sistema penal me parece un espacio óptimo para captar personas con problemas de drogas”, siempre que los “tratamientos se ciñan a criterios de salud”, apuntó. En esa línea, la profesora Medina analizó: “La política de Tribunales de Drogas instala algunas preguntas de lo que pareciera ser una contradicción: ¿cómo conviven iniciativas como los Tribunales de Drogas con una política criminal punitivista?”.

Para la directora del Magíster en Sistema Penal, Paula Medina, “esta terminología del usuario/cliente, me hace mucho eco en la manera que se miden la eficacia de los Tribunales de Drogas. No se mide en relación a bienestar, si no reincidencia y costo/beneficio”. “La contracara de los Tribunales de Drogas muestra también todas las falencias del sistema. Debiésemos aprender algunas cosas positivas de esto y traerlas al sistema penal, ya que la droga probablemente es el síntoma de causas más sociales”, finalizó.

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