Jueves 31 de Marzo de 2016
El coordinador del Programa de Derechos Humanos, Sergio Fuenzalida Bascuñán, alegó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento por inaplicabilidad en una causa de interés público, solicitando que no se aplicara las normas del Código de Justicia Militar que dan competencia para conocer de delitos cometidos por funcionarios de Carabineros en contra de civiles.
El hecho que origina la causa se remonta al año 2013, cuando la abogada y ex - profesora de la FCJS, Paulina Maturana, fue detenida de manera arbitraria por parte de Carabineros por defender a un matrimonio que había sido ilegalmente detenido. El caso está siendo conocido por la justicia militar, la cual desde la perspectiva de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de DD.HH no garantiza el debido proceso.
Es por esto, que la abogada y profesora de la Clínica Jurídica y Forense de la Universidad Central de Chile, Claudia Araya, durante el procedimiento solicitó que el Tribunal Militar declinara de seguir de la causa y su conocimiento se trasladará a la justicia ordinaria. Esta petición fue rechazada por parte de la justicia militar, por lo cual se decidió apelar ante la Corte Marcial.
Paralela a esta última acción, se interpuso el requerimiento de inaplicabilidad que lleva adelante el profesor Fuenzalida con el objetivo de que los jueces marciales no apliquen las normas que en principio hacen competente a la justicia militar para conocer del asunto.
La defensa del académico centralino, durante su alegato en el Tribunal Constitucional estuvo fijada en cuestionar la competencia del Tribunal Militar por afectar gravemente el debido proceso de las víctimas, especialmente por la falta de imparcialidad y publicidad del proceso, por privar de derechos a los afectados por el delito, por ser un procedimiento discriminatorio, entre otras razones.
Los resultados de esta intervención aún no han sido comunicados por parte del TC. En caso de declararse inaplicable la norma, la Corte Marcial tendría que devolver el caso a la justicia ordinaria, y por ende sería el Ministerio Público quien continuaría con la investigación.
Revisa el alegato completo en el siguiente video: