Viernes 12 de Septiembre de 2014
El médico nefrólogo, Edgard Pais, la académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y ex fiscal de Fonasa, Erika Díaz, y el director de ASODI, revisaron los principales avances y debilidades del sistema en materia de salud renal.
Una revisión al importante avance que ha significado la Ley de Garantías Explícitas en Salud en el país, pero también al extenso camino que aún queda por recorrer en materia de derechos y situación del enfermo renal, se desarrolló en el seminario "10 años de la promulgación de la Ley de Garantías Explícitas en Salud. Salud Renal: trasplante versus prevención". La actividad, organizada de manera conjunta por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y la Facultad de Ciencias de la Salud, contó con un gran marco de público que llenó la Sala de Litigación del campus Gonzalo Hernández.
La salubrista y coordinadora del Programa de Salud Pública, doctora Nelly Baeza, y la académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Bernardita Blasco, fueron las anfitrionas de la jornada. El decano de Facsalud, Bernardo Morales, abrió el ciclo dando la bienvenida a los expositores y asistentes al seminario y destacando la oportunidad de integrar los conocimientos desarrollados por las dos facultades organizadoras. En relación a la disyuntiva del seminario, trasplante versus prevención, planteó el valor de la actividad en la medida que plantea la interrogante sobre "un sistema que concentra sus recursos en el ámbito de la curación y no hace mayores esfuerzos por evitar que la gente enferme o promover una vida sana, evidentemente es un sistema que no está siendo eficiente".
El médico nefrólogo, Edgard Pais, abrió las ponencias con una revisión de la situación chilena en materia de enfermedad renal crónica, atendiendo la historia asociada al tratamiento de esta, así como las principales cifras y estadísticas locales y globales. El médico hizo hincapié en algunos aspectos preocupantes como el bajo gasto público en salud de Chile en el contexto de la OCDE, el escaso número de nefrólogos por habitantes, los pobres resultados en el tratamiento de diálisis o la baja tasa de trasplantes en comparación a otros países de la región, sólo por nombrar algunos de los temas relevados. Pais puso la alerta sobre el crecimiento de enfermos renales a niveles epidémicos y la necesidad de diseñar políticas públicas que enfrenten esta situación en el largo plazo. En este punto, señaló que el problema no sólo pasa por un incremento en los recursos, pues también existe una importante labor pendiente en prevención y trasplantes.
Luego fue el turno de la abogada y académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central, Erika Díaz, quien junto con presentar la normativa asociada a derechos en salud, incluyendo los convenios internacionales suscritos por Chile, aclaró algunas materias en relación a la exigibilidad de los mismos. Al respecto, destacó que -tal como está configurado hoy- este derecho de "acceso a la salud" no es un derecho universal, por lo que "se requiere de un nuevo acuerdo social para universalizar realmente la protección social".
El director de la Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile (ASODI), Jorge García, la jornada de exposiciones con una presentación sobre el importante trabajo que esta institución ha realizado en la defensa de los intereses del enfermo renal desde su fundación en 1974. De esta forma, recorrió algunos de los principales hitos y logros de la Asociación en sus 40 años y las principales debilidades que enfrenta el sistema hoy, dentro de las que figuran la actual configuración público-privada del mismo, la definición de un derecho a diálisis que no considera la exigibilidad de cómo hacerlo, y las carencias existentes en el ámbito de la prevención y el trasplante.
Por último, la académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Bernardita Blasco, dio el término a la actividad con un comentario sobre cómo la sociedad ha tratado la salud desde el punto de vista del modelo económico y no como un derecho humano. En este sentido, afirmó que "en la medida que nosotros como sociedad civil no seamos capaces de cambiar ese paradigma, de entender que el Estado somos nosotros, seguiremos permitiendo el espacio a los abusos. Desde las universidades y desde la sociedad civil tenemos que impulsar el reconocimiento de los derechos".
