Una amplia convocatoria tuvo el Seminario "Hacia un nuevo Código Procesal Civil", organizado por el Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y patrocinado por el Instituto chileno de Derecho Procesal.
En este evento participaron José Pedro Silva, presidente del Instituto Chileno de Derecho Procesal, el ex senador, Miguel Otero, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Chile; Jorge Baraona, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Los Andes; Raúl Tavolari, profesor de la Universidad de Chile y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal; y Claudio Díaz, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Diego Portales. Por parte de la FCJS, actuaron como moderadores los profesores de Derecho Procesal, Sergio Lira y Jorge Correa.
Visión de los expertos
El ex senador, Miguel Otero manifestó que "este proyecto no va a estar en funcionamiento antes de 10 años y durante esos años tendremos que seguir con el actual Código Procesal Civil que debiera tener modificaciones". Otero fue directo al asegurar que la sociedad chilena se caracteriza por tener "un profundo esnobismo intelectual. Vemos cosas en el extranjero y las queremos implementar en Chile. Nosotros tenemos que legislar para los chilenos, de acuerdo a lo que somos los chilenos".
En tanto, José Pedro Silva aseguró en su intervención que "el Código Procesal Civil chileno no admite parches. Es una obra extraordinaria que ha cumplido su ciclo de vida... Requerimos un cambio sistémico, tanto en los aspectos funcionales como orgánicos que se ajusten a la sociedad moderna, tecnologizada y que reconoce al ser humano como un sujeto con dignidad y derecho anteriores y superiores al Estado". Enfatizó en la necesidad de "tratar de resolver el problema de incoherencia que tiene el actual sistema procesal civil... Tiene por objeto solucionar los problemas cotidianos de las personas en su realidad social, económica y cultural".
Raúl Tavolari, se refirió al sistema de recursos en el nuevo Código Procesal Civil, respecto de lo cual planteó que "soy de las personas que cree que a la justicia no hay que negarle oportunidades, a la justicia hay que darle todas las posibilidades que sean necesarias... No hay razón para impedir que la Corte Suprema siga siendo el órgano jurisdiccional máximo al que toda persona sometida a un procedimiento tenga que apelar. Se podrá discutir si le damos a la Corte aquella facultad para seleccionar los casos, podemos buscar algunas modalidades, pero no me parece una solución adecuada excluir a la Corte Suprema". Agregó: "hay que volver a conversar sobre la intervención de la Corte Suprema como órgano conocedor normal y no excepcional de los recursos".
Jorge Baraona, entregó una visión crítica del oficial de ejecución. "Sobre la peligrosidad que veo en la introducción de un oficial de ejecución sin control jurisdiccional directo y, en todo caso, tal cual se propone en el nuevo Código Procesal Civil, insisto en que la ejecución de un crédito supone una agresión patrimonial al deudor, que no debería dejarse en manos exclusivas de un oficial administrativo y siempre debería ser controlada directamente por un juez. Que un deudor no oponga excepciones en el juicio ejecutivo no significa que la tarea que sigue sea meramente administrativa y, por lo mismo, que no se justifique la intervención judicial. El embargo, retiro de especies, liquidación del crédito o la realización de bienes raíces son actos de alta significación para el deudor, que en Chile, hasta ahora, son ordenados y dirigidos judicialmente".
En cuanto a la prueba en el Código Procesal Civil, Claudio Díaz Uribe dijo que, entre los temas que se discuten en el proyecto, están los poderes del juez respecto de la iniciativa probatoria, la carga de la prueba y la valoración de la misma. "Yo uniría estos tres temas en una idea: ¿qué es lo que se busca en el proceso. Hay dos opciones, una es la búsqueda de la verdad probable o procesal. La segunda alternativa es la verdad tradicional".
