¿Es el jurado una opción para nuestro sistema de justicia penal?

Un interesante debate en torno a la posibilidad de incorporar la figura del jurado en los procesos penales chilenos, realizó el Instituto de Investigación y Postgrados de la  Facultad de Derecho y Humanidades (FACDEH), luego de que dos candidatos presidenciales (Daniel Jadue y Joaquín Lavín) lo plantearan en sus respectivos programas de gobierno. 

La instancia reunió a tres destacados académicos para medir posturas: la directora del departamento de Derecho Procesal de la Universidad Católica, Mg. María Elena Santibáñez; el académico de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, LL.M. Julián López; y el director del Magíster en Derecho Procesal de la Universidad Central, Mg. Juan Antonio Núñez. El espacio fue moderado por la académica del Claustro Doctoral UCEN y experta en mediación, Dra. Isabel González.

“Fenómenos como el estallido social pusieron en evidencia demandas de la ciudadanía, ligadas a mayor participación y democratización de la justicia. Además, la desconfianza en las instituciones”, advirtió la profesora González. En esa línea, “surge como una esperanza, ya que en las sociedades que cuentan con sistema de jurados existe una mejor percepción de la justicia”. Sin embargo, reconoció que el tema “debe estudiarse no solo con enfoque jurídico, sino cultural y político”.

Según el profesor Juan Antonio Núñez, “no hay que demonizar en absoluto el sistema de jurados ni verlo como el gran sistema. Hay que evaluarlo en la justa medida”. “Hay que estudiarlo y entenderlo según  la realidad chilena”, explicó. Si bien un “juicio público, inspira respeto y jamás temor”, un sistema de jurados “entraña diversos riesgos: está comprobado que tiene sesgos (que ojo, también tienen los jueces) y se amplifica; es probable y ocurre que las decisiones que toman los jurados puedan ser contrarias a la ley porque son ciudadanos que van a tomar una decisión en base a convicciones y que no tienen porqué conocer la ley”, advirtió. 

La profesora María Elena Santibáñez reconoció que para la sociedad chilena, el “acercamiento al sistema de jurados es por las películas y los libros”. “Este no es un sistema nuevo, existe en otros países (Europa y EEUU, Argentina, Brasil, Cuba, por ejemplo), que le da mayor legitimidad a la sentencia hecha por pares”. Para emplearla, sin embargo, “es necesario emplear un lenguaje comprensible” para todos que “acerque la justicia”. 

“La gran crítica que se puede hacer desde el punto de vista procesal tiene que ver con la falta de motivación de la sentencia y que se delibere en secreto. El acusado puede querer saber en qué se fundó la sentencia de culpabilidad”. Además, el problema de fondo “no es tanto con los casos que llegan a juicio, si no con los que no llegan a juicio. Y el sistema de jurado no se hace cargo de eso”. 

Para Julián López, “es una opción política en materia de administración de justicia. A mi modo de ver es correcta en la medida que resuelve los problemas de administración de justicia”. En la actualidad esos problemas serían: policías poco preparadas y dotadas; fiscales sobrepasados, sin control jerárquico efectivo; poco apoyo técnico al trabajo de investigación; escaso control de la investigación por los jueces de garantía; y defensa penal limitada a la representación de audiencias. Hay una “crisis de legitimidad por todos estos problemas, pero el sistema de jurados no resuelve ninguno”, reconoció López. Sin embargo, los argumentos que más se repiten para estar a favor de implementarlo -advierte-  es 1) dar legitimidad al sistema y 2) el jurado como herramienta para mejorar la calidad de las decisiones judiciales. 

Al final del día, reconocieron los expertos, es un sistema que merece la pena ser estudiado y analizado desde la realidad nacional, ya que si bien trae beneficios no resolvería los problemas que intenta suplir.

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