Causa de académico de la FACDEH firmó acuerdo con el Estado de Bolivia

Los conoció en 1993 en la cárcel. Jörg Stippel se encontraba realizando un intercambio estudiantil en Bolivia. Como parte de una práctica profesional comenzó a desarrollar un estudio empírico sobre las condiciones de vida en la cárcel de San Pedro ubicada en el centro de La Paz. Quería mostrar la diferencia entre la realidad y lo que prescriben las normas. Para analizar la información, los dirigentes de las personas privadas de libertad (delegados) le presentaron al sociólogo Juan Carlos Pinto Quintanilla (☥). El ya llevaba un año en la cárcel. Amnistía Internacional estaba apoyando su caso como el de un preso político. Poco a poco fue conociendo el resto del grupo al que pertenecía Pinto Qunitanilla (Ejército Guerrillero Túpac Katari - EGTK). 

“Todos ellos habían sufrido torturas tras su detención ilegal y no habían enfrentado un debido proceso. De vuelta en Alemania comencé a trabajar con Amnistía Internacional en el caso de los presos políticos en Bolivia. Luego y terminando la universidad decidí volver a Bolivia para promover la causa primero en la justicia boliviana. En 1997 los integrantes del grupo salieron en libertad, formalmente gracias a una norma que establecía plazos máximos para la detención preventiva. Pero la salida no fue automática. Se logró que un juzgado acogiera un habeas corpus presentado por la académica mexicana Raquel Gutiérrez Aguilar. Pero antes integrantes de un colectivo feminista (Mujeres Creando) tenían que comenzar una huelga de hambre. Después de ganar ese recurso, se presentaron habeas corpus para el resto de los integrantes del caso”, rememora el Doctor Stippel sobre su relación con EGTK.

Tras su salida de la cárcel varios de ellos comenzaron carreras políticas, como el ex vicepresidente Álvaro García Linera, el ex diputado Felipe Quispe, conocido como “Mallku” y el ex constituyente Macario Tola. En la práctica ellos “se convirtieron en  promotores del camino de Evo Morales”, explica el profesor de la Facultad de Derecho y Humanidades, Jörg Stippel. “Abrieron camino para un cambio constitucional (...)  de alguna manera ellos después a través de las urnas y de la lucha política lograron sus objetivos, Bolivia ahora es otro país. Cambió la cultura y ellos han aportado una gran parte. Su aporte consta en los libros de historia de Bolivia”, cuenta.

En 2001, el profesor Stippel presentó una demanda contra Bolivia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí detalla las múltiples violaciones a los derechos humanos que habían sufrido los integrantes del caso EGTK. En 2005, la Comisión declaró la admisibilidad del caso. Desde la presentación a la fecha han pasado 23 años y tres intentos de mediación. Por fin el 20 de agosto llegaron a firmar un acuerdo amistoso el que fue firmado por el profesor Stippel y el Procurador General del Estado Plurinacional de Bolivia, César Siles.

El Acuerdo de Solución Amistosa señala que Estado boliviano tiene que reconocer las violaciones a los Derechos Humanos que sufrieron las víctimas; deberán realizar un acto público de reivindicación en que las autoridades pedirán perdón; así como publicar un documento preparado por la defensa de EGTK; se comprometen a investigar y sentenciar a los torturadores; y a designar un fiscal especializado para estas materias. Además, deberán implementar medidas de no repetición como que el Estado se comprometió en cambiar el manual de preparación de la policía e incidir en cambiar la malla curricular de la academia policial. Finalmente pagarán una compensación económica a cada una de las víctimas.

El profesor Stippel cuenta que está cansado, feliz y satisfecho, que esta es una causa histórica en Bolivia. Son 23 años de espera para 12 familias, especialmente para dirigentes mineros y campesinos, “sindicalistas y luchadores sociales que no han terminado en altos cargos y que ahora también van a recibir una compensación por los daños que han sufrido”.