Martes 1 de Agosto de 2023
La profesora Elena de Luis García está investigando en el marco del proyecto “Claves para una justicia digital y algorítmica con perspectiva de género”. Además realizó una clase para estudiantes del Doctorado en Derecho y un workshop abierto a la comunidad.
La académica de la Universitat de València, Dra. Elena de Luis García se encuentra en la Universidad Central hasta el 18 de agosto en el marco del proyecto de investigación “Claves para una justicia digital y algorítmica con perspectiva de género”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, del cual el profesor de la Facultad de Derecho y Humanidades, Dr. Pablo Contreras, es miembro del equipo de trabajo.
Durante su visita de un mes a nuestro país, la Dra. de Luis García se encuentra indagando en los sistemas de justicia predictiva que se están desarrollando tanto en Chile, como en otros países. Además de realizar una serie de actividades de Vinculación con el Medio: grabará un episodio del programa "Derecho y Futuro" de la cátedra Legal Tech UCEN, junto al medio digital Estado Diario, que conduce el profesor Contreras; realizará el workshop “Justicia algorítmica y derecho de defensa” (2 de agosto) y una clase para estudiantes de Doctorado.
El trabajo desarrollado sobre justicia algorítmica y derecho de defensa “consiste en ver estos sistemas de inteligencia artificial, que pueden ayudar a predecir por ejemplo la comisión de un delito o pueden ayudar a predecir el riesgo de incidencia de una persona o predecir el riesgo para una víctima. Ver cómo el derecho de defensa -como derecho fundamental en el proceso- puede verse afectado cuando un juez toma una decisión basándose en una herramienta de este tipo. Ir viendo qué habría de exigir del algoritmo en cuestión, que calcule ese riesgo, para que cuando el juez tome la decisión se respeten los derechos de la parte afectada”, explica la investigadora.
La académica advierte que “no tenemos jurisprudencia”, ya que “en España no tenemos ningún sistema implantado de estas características. Tenemos uno más o menos similar que se llama VioGén, para proteger a las víctimas de violencia de género, pero existen dudas de si entra en la categoría de inteligencia artificial”. Por tanto, “trabajamos sobre hipótesis, qué pasaría si…”, apunta.
“La clave es intentar hallar el equilibrio entre gozar de los beneficios, de las ventajas que tiene; pero al mismo tiempo evitar estos problemas que pueda acarrear sobre los derechos. Es un equilibrio muy delicado”, comenta. En la actualidad la Unión Europea presentó “una propuesta de reglamento de Inteligencia Artificial, que regula una serie de sistemas, entre ellos los aplicados a justicia, prevención del delito y todo esto que estamos hablando” y esto sería la “perspectiva legislativa que tenemos a mediano plazo” en España, destaca.
Con estudiantes de Doctorado conversó esto “desde una perspectiva más práctica: en qué consiste la prevención de delitos a partir de estas herramientas, qué tipo de sistemas hay. Contar alguna experiencia; pues en Estados Unidos ya hay alguna experiencia en funcionamiento”.
El proyecto de investigación (expediente: PID2021-123170OB-I00), símil al Fondecyt chileno, es liderado por la profesora de Derecho Procesal de esa Casa de Estudios Dra. Ana Montesinos, junto a un equipo multidisciplinario de investigadores en otras áreas del Derecho. El objetivo del proyecto lo califica en dos áreas: “La inteligencia artificial, estos sistemas de futuro, hipotéticos, que están comenzando a llegar ; pero también la justicia digital y esa sí que es una realidad ya. En España tenemos implementado el expediente judicial electrónico, declaraciones por videoconferencia, todas esas herramientas que la pandemia además aceleró e hizo que fueran necesarias”.
“Entonces el objeto del proyecto es tanto obtener conocimiento de cómo está funcionando lo que ya existe o cómo podría funcionar lo que no existe. Y, en definitiva, todo esto al final contribuye en esa futura reforma que se pudiese plantear pues tener ahí ese punto de vista de cómo poder ayudar a que esa normativa fuera más adecuada. Al final toda la producción científica que va a salir del proyecto (publicaciones, congresos, etcétera) son fuentes que luego esperamos puedan servir a la hora de regular. O ayudar a detectar dónde se podría mejorar”, explica.