Esta actividad fue convocada por la Identidad Territorial Lafkenche. Los co-organizadores son CES- UCT Centro de Estudios Socioculturales de la Universidad Católica de Temuco, Instituto Nacional de Derechos Humanos; ECO OCEANOS (ONG) Pesca Sustentable (ONG); Ayuda Popular Noruega (APN); y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Para Sergio Fuenzalida el objetivo de este Seminario "es contribuir a la reflexión crítica sobre los derechos de los pueblos originarios, como son la vulneración de los procesos de consulta, la participación y consentimiento de los Pueblos Originarios en relación a los recursos naturales de sus territorios".
Antecedentes y fundamentación de la Iniciativa
La Ley de Pesca promulgada en 1991 contribuyó en la distribución de la riqueza en forma inequitativa, potenciando los beneficios para los pescadores industriales, invisibilizando a los pueblos originarios quienes han ocupado ancestralmente los territorios y haciendo uso consuetudinario de sus recursos naturales.
En 2008, se promulgó la Ley Lafkenche N° 20.249, que permite que las comunidades Lafkenche presenten solicitudes de Espacio Costero Marino hasta las 12 millas, lo que no garantiza el derecho a los recursos pesqueros.
El 2009 entró en vigencia el Convenio 169 de la OIT, ratificado en septiembre de 2008, que exige al Estado proteger los derechos de los pueblos originarios.
La Ley de Pesca, actualmente se encuentra en trámite parlamentario en la Comisión de Pesca, proceso en el que se discuten cerca de 600 indicaciones proporcionadas por el Ejecutivo y Legislativo, que terminaran por promulgar una nueva ley de pesca que regirá para las próximas décadas.
La organización Identidad Territorial Lafkenche preocupada del momento histórico que se está viviendo en el país en relación a esta temática, ha presentado cuatro indicaciones para el proyecto de ley y ha sostenido reuniones y audiencias con distintos actores de la institucionalidad pública para sensibilizar sobre la importancia de incorporar estos planteamientos, dentro de los cuales se puede mencionar a parlamentarios de distintas bancadas, representantes del Gobierno, Ministro de Economía y Subsecretario de pesca, representantes de ONG y del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Por su parte el Gobierno ha generado un documento donde argumenta la no afectación de la Ley de Pesca a los pueblos originarios, justificando que no es necesario realizar la consulta de acuerdo a lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT.
Los dirigentes lafkenche se han pronunciado respecto de los planteamientos del Gobierno y la exclusión de los pueblos originarios en la discusión parlamentaria, en dos instancias formales: Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y la Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche, quienes han validado los argumentos de la organización.
Estos antecedentes, justifican que la problemática del pueblo mapuche lafkenche se difunda a la sociedad civil, generando alianzas con actores del mundo académico, no gubernamental y organizacional para la reivindicación de los derechos de pueblos originarios, en particular de los derechos económicos vinculados a los recursos naturales.