Domingo 8 de Noviembre de 2020
La corrupción, el soborno, el robo y la evasión impositiva, cuesta anualmente para los países en desarrollo, alrededor de 2,6 billones de dólares. Una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia para su crecimiento y progreso. Suma que equivale a más del 5% del producto interior bruto mundial.
Diversos expertos se dieron cita en el encuentro organizado por Pacto Global, para debatir en torno a las presiones a las democracias, la concentración de poder, la crisis global, la desigualdad y la irrupción de la corrupción y sus efectos en época de pandemia y crisis económica y social de los países.
Los analistas, entre los cuales estuvo nuestro Decano, profesor Emilio Oñate, coincidieron que esta nueva normalidad producto del avance del Covid-19 en el mundo, aunque preocupante, es una oportunidad para generar un cambio cultural contra la corrupción tanto desde el Estado como en el mundo empresarial.
La corrupción, el soborno, el robo y la evasión impositiva, cuesta anualmente para los países en desarrollo, alrededor de 2,6 billones de dólares. Una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia para su crecimiento y progreso. Suma que equivale a más del 5% del producto interior bruto mundial.
El Decano Oñate sostuvo que el desafío para nuestro país es el fortalecimiento de los controles no institucionales y, desde las instituciones, corregir los organismos y mecanismos de control, para evitar discrecionalidades tanto públicas como privadas.
“Tenemos que avanzar hacia mejores niveles de cumplimiento y de gobernanza y aplicar de manera contundente la ley de transparencia, sólo así se fortalecerá el Estado de Derecho”, señaló la autoridad académica.
En el encuentro “La corrupción como obstáculo para el Desarrollo Sostenible” además participaron Susana Sierra, presidenta de Chile Transparente y directora ejecutiva de BH Compliance, quien indicó que “el gran problema que tenemos es una crisis de confianza gigantesca y esto hace que las instituciones se debiliten lo que aumenta el riesgo de corrupción porque con instituciones débiles, la corrupción permea y hace lo que quiere”.
En Chile la ciudadanía ha sido víctima de la colusión entre quienes controlan las cadenas de suministro aumentando los precios y ha sido testigo de las desviaciones de dinero en las instituciones armadas por señalar solo algunos ejemplos.
Hoy, la atención urgente que representa el Covid-19, está creando espacios de corrupción aprovechando una vigilancia débil de parte de las instituciones y una transparencia inadecuada desviando fondos en momentos de mayor necesidad hacia los más vulnerables.
“La problemática de la corrupción debe ser enfrentada como una cuestión de carácter sistémico. No vamos a tener resultados en la Agenda 2030 y los ODS, si es que nosotros seguimos abocados al análisis casuístico. Esto es un sistema y al establecer una cultura anticorrupción, esta supone que los actores tienen que ejercer una contribución consistente al logro de la cultura anticorrupción y las actuaciones institucionales deben ser miradas desde la integridad”, afirmó Ximena Chong, abogada Fiscal Jefe de Delitos de Alta Complejidad del Ministerio Público.
En el encuentro participaron también Mariano Gojman, Compliance officer de Siemens Chile y Manuel Arís, investigador de Espacio Público. Todos coincidieron en que como país tenemos una gran oportunidad de generar un cambio cultural y que la judicialización de la ética no es el camino.
“Sabemos que las empresas han hecho un ejercicio de análisis y reflexión fuerte en medio de la pandemia donde se han fortalecido como organización. La rectitud de las instituciones es posiblemente el factor más determinante para mayores o menores índices de corrupción y así se han comprometido, por ello, estamos optimistas con los desafíos para que la corrupción no se constituya en un obstáculo en el cumplimiento de la Agenda 2030”, expresó Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Chile.