Miércoles 7 de Junio de 2023
La instancia permitió desarrollar un análisis de dicha normativa en el acercamiento del sistema de justicia penal, respecto a grupos más vulnerables.
En el marco de la Ley 21.057 de Entrevistas Videograbadas, la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central, realizó un conversatorio donde se abordó la implementación y desafíos de cara a la experiencia adquirida a nivel país y, particularmente, en la Región Metropolitana.
La instancia en la que participaron Nelson González, juez titular del 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y Coordinador Nacional del Poder Judicial para la implementación de la Ley 21.057; Erika Maira Bravo, Gerenta de la División de atención a víctimas y testigos de la Fiscalía de Chile; y Marcela Tenorio, Doctora en Psicología; permitió analizar que la normativa puede significar en el acercamiento del sistema de justicia penal respecto de grupos más vulnerables.
En su intervención, el abogado Nelson González, explicó que esta es “una gran reforma procesal penal que involucra a grandes actores del sistema, donde debemos crear un ambiente propicio para que el niño, niña o adolescente declare”.
Agregó que existen algunos pilares como el de infraestructura y el de las entrevistas, “para este último es necesario contar con jueces certificados en el proceso, por ello se puede decir que es un sistema construido en voluntariedad porque quien quiere se certifica, no es obligación, lo que genera un déficit de intermediarios”.
Por su parte, Erika Maira, abordó los desafíos de la implementación en el Ministerio Público y comentó que “nos encontramos frente a una política pública necesaria de trato especializado a niños, niñas y adolescentes en trato de delitos, donde se los considere como tal y no como adultos”. Enfatizó que el gran cambio es “entender que las víctimas son sujeto de derechos y no objetos”.
En tanto, Marcela Tenorio, se refirió a la inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad a las entrevistas videograbadas. “La taza de abuso y maltrato en menores con discapacidad alcanza un 12%, lo cual no se detecta a tiempo, por ende, no se denuncia y, a su vez, no de trata adecuadamente. Por ello siempre cuando se enfrenten a personas con discapacidad que han sufrido algún tipo de abuso, se debe rescatar lo que pasó desde el respeto, la decisión y la voluntad”.
Finalmente, Rebeca Zamora, directora de la Clínica Jurídica, señaló que a los y las estudiantes que asistieron que “el mensaje debe ser uno solo, aquí escuchamos cosas muy positivas y otras negativas, pero creo que el mensaje está en las vulneraciones que están sufriendo los y las niñas, y, por lo tanto, cada uno de ustedes es necesario para que el sistema funcione bien. La tarea de formarlos y que tengan una enseñanza clínica del derecho, que sepamos qué le pasa a niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad es súper importante”.