Viernes 9 de Octubre de 2020
La necesidad de una reforma policial integral y consonante con un Estado democrático de derechos, ha encontrado sistemáticamente más barreras que facilitadores, pese a que los hechos recientes y no tan recientes entregan evidencias contundentes de esa necesidad.
En el año 2000, Chile llevó adelante una de las reformas más relevantes de nuestro sistema de justicia: la Reforma Procesal Penal. Palacios (2011), estudiando dicho proceso de reforma, señala que, a su base, se puede identificar una estrategia de construcción de consensos entre el campo jurídico y político, con actores de derecha e izquierda, lo cual brindó la legitimidad que esta reforma requería.
Un elemento adicional, no menos importante, fue el carácter “modernizador” de la Reforma Procesal Penal, que era consonante con el discurso de transformación del Estado, presente en la transición democrática.
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