Lunes 17 de Abril de 2017
por Esteban Elías
Académico Facultad de Derecho, U.Central
El anuncio hecho por la Presidenta de la República, respecto al proyecto de ley que aumentaría en un 5% el monto de las pensiones y la forma que se aplicará, se presenta inicialmente con una propuesta interesante, pero lamentablemente no es del todo adecuada desde su posible implementación.
La nueva iniciativa del gobierno aparece como una manifestación de una política pública mal diseñada y mal implementada. Nuestro sistema de pensiones ha sido flanco de una serie de críticas y ataques, y con cierta razón, por las bajas pensiones que ha generado; sin embargo, al analizar con detención el problema de las pensiones, todos los análisis técnicos coinciden en que el problema, no es del sistema de pensiones, sino del mercado laboral, sus ajustes y otras variables ajenas y externas al sistema de pensiones propiamente tal. A saber, los grandes problemas de las bajas pensiones son y han sido cuatro principalmente: ingresos bajos; lagunas previsionales no cubiertos de manera adecuada por algún mecanismo de compensación (ej. seguro de cesantía previsional); cotizaciones ficticias, donde los propios trabajadores solicitan una cotizar por debajo de su remuneración real; y empleadores inescrupulosos que no pagan las cotizaciones de sus trabajadores.
La idea de aumentar en un 5% las cotizaciones previsionales parece inicialmente una avance en cuanto a incrementar aquella parte del ahorro forzoso que debería destinarse a la futura pensión de todos los chilenos, teniendo especialmente presente como ha aumentado la expectativa de vida en los últimos años y los problemas ya mencionados sobre las pensiones en nuestro país. No obstante, una vez más vemos como una gran oportunidad de mejora, no es aprovechada por falencias técnicas en la implementación de la iniciativa.
En primer lugar, imponer por la vía legal, que el ahorro de los chilenos sea de manera forzosa administrado por una entidad pública 'autónoma', sin el consentimiento ni libre decisión de los cotizantes, constituye un abuso del ejercicio del poder estatal. Nada nos garantiza que el Fisco sea un eficiente administrador de recursos y mucho menos un garante de transparencia y probidad. Al menos en esta área debería existir la posibilidad que el propio cotizante pudiese optar voluntariamente respecto de quien quiere que administre sus recursos.
En segundo lugar, y más grave, forzar por mandato legal que una parte del ingreso de los trabajadores, sea destinado a un fondo común, nuevamente de manera impuesta por la autoridad, se podría asemejar a una expropiación encubierta para satisfacer una necesidad social que debería ser asumida por el Estado y no con los ingresos de las personas. Pretender aplicar una política de redistribución haciendo uso directo de los ingresos de los trabajadores -aplicando un impuesto encubierto al trabajador-, constituye una práctica ya superada por la mayoría de las economías desarrolladas.
Habrá que ver el proyecto en detalle y analizar aquellos aspectos destacables y los que deban ser sometidos a un escrutinio parlamentario adecuado y eventualmente a un análisis de constitucionalidad.