Lunes 11 de Agosto de 2014
En la ocasión participó el coordinador del Programa de DDHH de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Sergio Fuenzalida.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo en el cual ordenó a Chile dejar sin efecto las condenas por terrorismo que había en contra de siete indígenas mapuches y una activista. En 2003 estas personas fueron procesadas bajo la Ley Antiterrorista, por hechos incendiarios ocurridos en los años 2001 y 2002 en las regiones de Biobío y La Araucanía. Lo anterior fue el tema de conversación en una nueva emisión del programa Actualidad Central, una producción conjunta entre CNN Chile y la universidad Central de Chile (UCEN).
El fallo publicado por la Corte indica que "el Estado debe adoptar todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias penales condenatorias emitidas". Junto es esto, el tribunal internacional determinó que el país debe llevar a cabo una serie de medidas para compensar a las personas que fueron castigadas, debido a que "toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente".
Al respecto el coordinador del Programa de DDHH de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS), Sergio Fuenzalida, comentó los alcances de la sentencia publicada por la CIDH en un proceso del cual el académico representó, junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), a Víctor Ancalaf Llaupe, líder indígena y werkén de su comunidad. En la ocasión afirmó que “junto con reconocer una serie de derechos a favor de los pueblos indígenas, el Estado chileno en reiteradas ocasiones abandona su deber de protección y deja entregada a quienes tienen más poder la definición de las condiciones de vida de los mapuches y otros pueblos indígenas”, sostuvo el docente centralino.
Además de Fuenzalida participaron en la discusión abierta la académica especialista en Derecho de Pueblos Originarios, Paulina Acevedo y el abogado en Derecho Penal y Procesal, Mauricio Daza.
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