Martes 31 de Julio de 2018
Thomas Griggs L. Director de Aseguramiento de la Calidad, Universidad Central de Chile.
El 29 de mayo de 2018 se promulgó la Ley 21.091 que reforma el sistema de educación superior en múltiples dimensiones y niveles de profundidad. Los cuatros grandes aspectos que aborda la nueva ley son: la creación de una nueva institucionalidad para la educación superior (se crea la Subsecretaría de Educación Superior en el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación Superior), el establecimiento de un nuevo sistema de acceso a la educación superior, la implementación de un nuevo sistema de financiamiento institucional para la gratuidad y la instalación de un nuevo sistema de aseguramiento de la calidad. Este último, es una de las mayores transformaciones que se han hecho en el sistema desde su implementación, a mediados de la década del 2000.
En lo que respecta a la acreditación institucional, la nueva ley establece normas que tienden a hacer más exigente el sistema. En efecto, la acreditación deja de ser voluntaria y pasa a ser obligatoria para todas las instituciones de educación superior, además es integral, lo que significa que se considerará la evaluación del total de sedes, funciones, niveles y modalidades de programas que la institución imparta. Por otro lado, la acreditación institucional será en 4 dimensiones también obligatorias: docencia y resultados del proceso de formación; gestión estratégica y recursos institucionales, vinculación con el medio y aseguramiento interno de la calidad. Esta última dimensión –completamente nueva– releva la necesidad de institucionalizar y consolidar los mecanismos de aseguramiento de la calidad que cada institución se provee. A estas 4 dimensiones se agrega una optativa: investigación, creación e innovación.
Por su parte, en lo que se refiere a la acreditación de programas, se mantiene la acreditación obligatoria para las carreras de Pedagogía, Medicina y Cirujano Dentista, siendo la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) la única entidad habilitada para llevar adelante estos procesos. Las agencias privadas de acreditación, por su parte, dejan de tener reconocimiento oficial, con lo que el sistema de acreditación voluntario, como se conocía hasta ahora, se modifica sustancialmente.
Ante esa realidad, las instituciones de educación superior han empezado a diseñar sus propios mecanismos de certificación de sus procesos de autoevaluación, en el entendido que el mejoramiento continuo y el aseguramiento de la calidad de los programas es una tarea permanente, inserta en la cultura institucional y que no puede suspenderse producto de la transformación del sistema.
En nuestro caso, la DAC ya se encuentra trabajando en el diseño e implementación de un proceso que permitirá mantener vigente el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, con procesos de autoevaluación periódicos en todas las carreras y programas, que incorporará una certificación externa y que seguirá consolidando la cultura de la calidad que existe en la institución desde hace muchos años.