Claudia Calquin, psicóloga y académica Facultad de Ciencias Sociales Doctora en Ciudadanía y Derechos Humanos
Hace casi cuatro años, el 7 de mayo del 2013, se envió al Congreso el proyecto de Ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. Desde entonces la Comisión de Derechos Humanos del Senado ha abierto 14 periodos de indicaciones, donde los y las parlamentarios/as han podido proponer y discutir cambios al articulado del texto.
Una de las indicaciones más importantes, impulsada por parlamentarios de Chile Vamos, dice relación al artículo 2 que garantiza “el derecho de todas las personas a ser identificadas conforme a su identidad de género” incorporando una enmienda que establece que este derecho es sólo “para toda persona mayor de edad”.
Desde mi perspectiva la indicación muestra las ansiedades de una derecha que al parecer no ha logrado estar a la altura de los cambios culturales y sociales que el país necesita. Para la derecha está claro que los niños y las niñas y las/los adolescentes no tienen derecho a gestionar su identidad de género, cuestión que contraviene el artículo N°8 de la Convención sobre los derechos de los niños en que explícitamente se señala que los “Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad”.
Esto, forma parte de una visión política que aún cree en la incapacidad de ciertos colectivos para decidir sobre sus propias vidas a través de retóricas y declaraciones que no sólo desconocen la evidencia científica y el sentir de las organizaciones ciudadanas creadoras del proyecto de ley, sino que muestran una voluntad de mantener a la sociedad en su conjunto bajo un estatus de minoría de edad o de incapacidad para ejercer la autonomía y la libertad.
Tal como ha planteada la psicología la identidad no es una cuestión de destino inexorable o de “ser”, perspectiva superada desde hace más de 50 años, sino más bien de lo que uno “quiere ser” o “llegar a ser”.
Los y las parlamentarios/as parecieran que actúan bajo una certeza, antojadiza por cierto, de que lo que es bueno para ellos será bueno para el resto de la sociedad. Olvidan que lo que se está discutiendo acá es una política pública en un contexto urgente de modernización y democratización de las relaciones entre infancia y sociedad. El país se ve enfrentado a nuevos desafíos, nuevas realidades, como las complejas formas en que se construyen las identidades de género y el derecho de los niños/as a asumir una identidad que les permita un desarrollo psico-social íntegro y por supuesto la posibilidad de ser felices.
Los parlamentarios actúan como si se tratara de una cuestión de gusto personal de decidir la marca de su nuevo automóvil o el color de sus próximos zapatos.
No es menor que indicaciones como ésta provienen de los mismos sectores que siguen manteniendo la voluntad de ubicar a Chile entre los 5 países del mundo que no cuenta con ley de aborto; que impidieron una ley de matrimonio igualitario o una ley de divorcio hecha para sujetos con capacidad para decidir.
No está de más decir, aunque la ciudadanía lo sabe, que acá se expresan las paradojas de una derecha oscurantista, que promueve un liberalismo y una defensa de la libertad a destajo cuando se trata de capitales y empresariado pero no así cuando se trata de sujetos y ciudadanos y ciudadanas. Quiéranlo o no, los y las niñas hace bastantes décadas que en el mundo occidental civilizado han conquistado su capacidad para decidir sobre su identidad y su propio cuerpo.