En el marco de la actualización del Modelo de Prevención del Delito en la Universidad Central, y de acuerdo a la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales 21595, el martes 29 de octubre se llevó a cabo una capacitación respecto de los cambios a la normativa y su implementación en los procesos institucionales.
La actividad se efectuó en el auditorio Carlos Blin y contó con la participación del Vicerrector de Administración y Finanzas, Mario Pinto; la Decana de Facultad de Educación, Andrea Figueroa; la Directora de Relaciones Internacionales, Karen Molina; la Directora de Comunicaciones Corporativas, Ninoska Leiva; los Directivos y Jefaturas de las principales unidades administrativas de la sede en Santiago, así como de todo el equipo de administración de las Filiales de la Universidad y su Gerente General, Washington Saavedra.
En las palabras de bienvenida, el Contralor Gabriel Peralta se refirió a la importancia de que todos los miembros de la comunidad universitaria estén al tanto de la actualización del Modelo de Prevención del Delito de la Universidad, ya que, a partir de la modificación legal que entró en vigencia el 1 de septiembre pasado «la Universidad puede ser penalmente responsable, en caso de un delito—que ojalá no ocurra—, y la única manera de proteger a la Universidad de esa responsabilidad penal, es este Modelo”. Agregó también que «Cualquier modelo de gestión cobra vida con las personas, y es por eso que quiero agradecer la colaboración de todos ustedes en el desarrollo de esto, puesto que es clave para nuestra institución». Explicó que el ajuste al Modelo hace que éste sea ahora mucho más robusto y profundo en términos de la cantidad de controles y riesgos que cubre.
A continuación, el abogado de la consultora BRAC Group, Miguel Ángel Díaz, dio a conocer detalles de esta ley, la cual busca prevenir la comisión de delitos económicos a través de imposición de mayores exigencias a las personas jurídicas y sus sistemas de cumplimiento interno, así como a los directivos y gerentes de las empresas. El consultor explicó cuáles son los efectos que tiene la ley 21595 para nuestra Universidad y cómo ha ido avanzando el trabajo que se ha realizado desde su promulgación.
Informó que, desde la entrada en vigencia de esta ley, todas las instituciones del país pasaron a tener responsabilidad penal de la persona jurídica, «lo que significa que la persona que comete un delito es penalmente responsable como persona natural, pero esa responsabilidad se va a extender a toda la línea de supervisión y a la Universidad, si es que no se aplicaron las medidas de control y supervisión adecuadas, por lo que la responsabilidad no queda solo radicada en aquella persona que se saltó los procedimientos y cometió el delito, sino que le está traspasando la responsabilidad de control, de proteger o evitar delitos a las organizaciones».
El consultor también se refirió a que esta ley creó una serie de delitos nuevos y modificó otros que ya existían, llegando a sancionar 475 conductas delictivas, a la vez que elimina la posibilidad de atenuantes ante la eventualidad de una pena. A nivel de multas, informó que estas son altísimas, alcanzado en caso máximo a 14 meses de todos los ingresos de la Universidad, «lo que podría hacer quebrar a cualquier organización», afirmó Díaz. A nivel de penas, el máximo que contempla esta legislación es el presidio perpetuo calificado para las personas naturales, en tanto que para las organizaciones, la más alta es la extinción de la persona jurídica.
Además, señaló que se hizo un completo levantamiento de todos los procesos que se realizan al interior de la Universidad, de modo de dimensionar todos los riesgos a los que la organización está expuesta y que, tras ello, se determinó que, de las 475 conductas delictivas que sanciona la ley, a la Universidad le podrían influir 129 delitos. «Pero, como una misma conducta puede ocurrir en varias partes dentro de la institución, y considerando a toda la Universidad y sus filiales, se detectó la existencia de 696 riesgos potenciales donde podría ocurrir alguno de los delitos de esta ley. Y para mitigar esos 696 riesgos, se tuvieron que implementar 127 actividades de control, las cuales en su mayoría ya están operando y otras que están en proceso de implementación», comentó el experto.
Finalmente, informó que se está utilizando un sistema que permite ir mirando cómo vamos avanzando en la implementación de los distintos controles ante cada uno de los riesgos, lo cual está a cargo de la Contraloría Universitaria. Y concluyó la jornada de capacitación con algunos ejemplos de casos que ya se encuentran en investigación judicial a nivel nacional.