Viernes 13 de Enero de 2017
Opinión del decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, Marco Moreno
A pocas horas de que terminara el año 2016, Michelle Bachelet le habló al país en cadena nacional: "Cada uno de nosotros mueve y construye nuestra patria, entonces sin duda merecemos celebrar con quienes amamos", expresó ante miles de televidentes. Sin embargo, 72 mineros, enterrados 650 metros bajo tierra, ni siquiera se enteraron.
Tampoco supieron que, al mismo tiempo que ellos llevaban 26 días pidiendo recuperar sus trabajos, la Mandataria aplaudía la hazaña del país: "La mayoría de nuestros compatriotas pudo conservar su empleo y asegurar el bienestar de su familia".
Hoy se cumplen 40 días desde que los pirquineros de la mina de carbón Santa Ana, de Curanilahue, decidieron ingresar al pique y permanecer en él hasta que el Gobierno les dé una solución, luego de no haber cumplido con el protocolo acordado en 2015. Ese año el lugar fue declarado en quiebra y los dueños –Paul Fontaine y Rodrigo Danús– abandonaron a sus trabajadores y los dejaron sin sueldos ni cotizaciones.
Uno de los puntos de ese acuerdo era que las autoridades los ayudarían a crear las instancias necesarias para comprar la mina y poder, posteriormente, trabajarla. Esto se suma a que llevan 3 meses sin sueldo, porque el Estado dejó de pagarles una mantención de 400 mil pesos mensuales.
Después de la quiebra, los mineros han buscado distintas alternativas para recuperar su fuente laboral. Todas sin éxito. Pensaron en formar una cooperativa de trabajo y ser ellos mismos los dueños de la fábrica. Sin embargo, para ello necesitan apoyo financiero del Ejecutivo, que puso como condición conseguir un socio privado que se haga cargo y administre el monto faltante para reabrir la mina.
Los mineros piden 100 millones de pesos como pago anticipado, que corresponde a una parte de la deuda de la mina. No saldrán a la superficie si no cuentan con este mínimo recurso que les permita llegar a sus hogares. Respecto a esto, el senador Alejandro Navarro manifiesta que es importante considerar que el Gobierno "financió con cerca de 5 mil UF a los propietarios de la mina, a la fecha han entregado 1.800 millones al mismo rubro y tienen aprobados otros 1.100. Es increíble que lo que esté prolongando la situación sea la imposibilidad de contar con el monto que solicitan los trabajadores. ¿Por qué Piñera hizo todo lo que tuvo a su alcance para rescatar a 33 mineros y Bachelet parece impávida a sacar a estos 64? Tiene que haber una acción política y el Gobierno la está retardando".
En relación con posibles apoyos por parte de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), Juan Mardones, director regional de Biobío de dicha entidad, indica que "esto depende de que nos sentemos a conversar, sin presiones de por medio, y de que ingresen capitales privados a formar parte de esta asociación". Además, señala que "no es una exigencia, es una condición que nosotros consideramos óptima en relación con la experiencia de quien eventualmente se haga cargo de la mina".
Mardones argumenta la condición señalando que "debe haber una proyección económica que consolide el negocio en un mediano a largo plazo, que nos demuestre que es viable y que nos dé una seguridad relativa en que los recursos del Estado van a estar en una actividad económica que tiene proyecciones".
Por su parte, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, aseguró que el Gobierno ya entregó diversos bonos a los trabajadores, al tiempo que fue tajante en señalar que no visitaría la mina, ya que "no corresponde que yo vaya a la zona a resolver un problema que es entre privados".
Los trabajadores de la mina aseguran que existe una discriminación por el hecho de ser mineros. Luis Chandía, presidente del sindicato de la mina Santa Ana, afirma que se trata "netamente de un movimiento político del Seremi (de Minería) y del Gobierno. La presión está en que ellos no quieren que nosotros seamos dueños de la mina. Nos quieren apoyar solo si contamos con un privado y eso es injusto".
Fernando García Naddaf, analista político y académico de la UDP, afirma que el Ejecutivo nunca ha cumplido un rol social. "En este caso, como en cualquier otro, el Gobierno es productivista y va a beneficiar más la iniciativa privada que la protección del derecho del trabajador. No podemos esperar una reacción distinta. Estos casos no inspiran la acción de La Moneda y por eso no actúan de forma proactiva. Sus prioridades son otras y para ellos este es un tema menor y no hay que hacer bulla". Agrega además que "favorecer una mina cooperativista sería un cambio en las directrices económicas del Gobierno. Quizás calculan que con esto toman una acción política coherente a una visión que los pueda favorecer electoralmente".
Son 170 las familias que no reciben dinero hace más de tres meses, situación que gatilló el inicio de la manifestación el 5 de diciembre de 2016 en el yacimiento carbonífero de Curanilahue. Algunos mineros comenzaron una huelga de hambre que finalizó por el estado de salud de quienes la emprendieron. De los 74 mineros que ingresaron ese día, ahora quedan 64. En algunos casos, particularmente en mineros de mayor edad, la situación se ha vuelto crítica.
Héctor Contreras, director regional del Departamento de Seguridad Minera y Fiscalización de Biobío, puntualiza que "en estos momentos la mina está autorizada únicamente para desagüe, mantención y sacar el activo que tienen ahí". En este sentido, han mantenido conversaciones con empresas para que compren los recursos de carbón existentes en la mina, los que podrían ser más de mil toneladas. Pero tienen que saber si están dispuestos a pagar anticipadamente, ya que esa es la única forma de que los trabajadores salgan a la superficie.
Luis Chandía explica que están contra el tiempo. Llevan más de un mes allí y "estamos en un punto en el que es difícil aguantar más, por la exposición a la que nos enfrentamos en la mina, pero los que están adentro no quieren abandonar la protesta, porque entienden que podríamos perder toda posibilidad de un diálogo real".
En cuanto a la continuidad de la mina, los representantes del sindicato continúan teniendo conversaciones con empresarios que están interesados en asociarse y que esperan estudios para confirmar el negocio. Por ahora, tienen que seguir la línea que les propuso el Ejecutivo y esperar la respuesta de estos posibles socios.
Según algunos analistas, la metáfora de que Piñera salvó a los mineros y Bachelet los enterró –parafraseando al senador Navarro– puede ser un búmeran para La Moneda. Marco Moreno, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central asegura que las acciones que el Gobierno ha desplegado son para "apostar al desgaste del movimiento. Pero, en ese sentido, juegan al límite, porque podría haber consecuencias y eso tendría una repercusión muy negativa para la imagen del Gobierno".
Fuente: www.elmostrador.cl