Miércoles 19 de Octubre de 2016
El decano Marco Moreno analiza en El Mostrador la evidente debilidad política que caracteriza al comité de ministros de La Moneda
Para un año bastante complejo como ha sido el 2016, este último mes había sido casi un regalo para La Moneda: el apoyo a la Presidenta Michelle Bachelet había logrado subir en las encuestas del 19% al 23%, se promulgó el voto de los chilenos en el extranjero, según la Casen la pobreza bajó del 14,4% al 11, 7%, el proyecto del Presupuesto 2017 dejó relativamente conformes a todos los sectores, la Mandataria evidenció un nuevo y mejor ánimo que lució en su debut en redes sociales, pero, sobre todo, los alineamientos en la Nueva Mayoría ante la carrera presidencial entre Ricardo Lagos, Isabel Allende y Alejandro Guillier habían sacado el foco sobre el Gobierno y trasladado la tensión política a dicha contienda. Sin embargo, el "verano de San Juan" se acabó estrepitosamente ayer, cuando se anunció el retiro de la ley exprés que ingresó al Parlamento 24 horas antes para tratar de subsanar el bochornoso error con el padrón electoral, por el cual casi medio millón de personas fueron cambiadas de domicilio electoral.
El ánimo ayer en La Moneda no era el mejor, es más, algunos comentaron que literalmente estaban "destruidos" y por horas nadie habló mucho. Es que la decisión presidencial de retirar la ley corta, luego de escuchar el complejo panorama que esperaba al proyecto en el Congreso, no solo dejó sin solución un error grave en materia electoral sino también se convirtió en la prueba concreta, palpable, de algo que hace meses se comenta tras bambalinas en Palacio, el Gobierno y toda la Nueva Mayoría: la evidente debilidad política que caracteriza al comité de ministros de La Moneda, conformado por Mario Fernández (Interior), Nicolás Eyzaguirre (Segpres) y Marcelo Díaz (Segegob).
El analista político, Max Colodro, señaló a El Mostrador que este episodio "fue nuevamente la evidencia de un Gobierno sobrepasado por las circunstancias, sin capacidad de diagnóstico ni de respuesta. Y de una Presidenta que quedó también en el limbo, completamente anulada en función de su intento inicial por desvirtuar la gravedad de la situación".
Puntualmente sobre el comité político, advirtió que con este "vergonzoso episodio los ministros de La Moneda terminan totalmente desvirtuados, inertes e inermes para hacerse cargo de cualquier cuadro crítico. No lograron apoyo ni en la Nueva Mayoría para un proyecto tardío, mal pensado y peor ejecutado, y será muy difícil que los actuales integrantes del comité político puedan volver a transmitir una mínima confianza en su real capacidad de conducción en situaciones de crisis".
El lunes en Valparaíso la tríada ministerial no escatimó esfuerzos ni reuniones para tratar de amarrar los 67 votos necesarios en la Cámara de Diputados y los 21 que requería la ley exprés para ser aprobada y despachada antes de las municipales de este domingo. Precisamente, el hecho de que no alcanzaría a estar promulgada antes de la jornada del 23 de octubre fue uno de los argumentos que se puso sobre la mesa ayer a las 8:30 de la mañana en la reunión del comité político en Palacio, que encabezó la Mandataria y en la que estuvieron Fernández, Eyzaguirre y Díaz.
Todas las reuniones que hubo el lunes en el Congreso fueron duras, tensas, varias con conversaciones subidas de decibeles y ninguna tuvo éxito: Fernández conversó con los parlamentarios de su propio partido, la DC; Díaz con el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, y con el senador de la falange, Jorge Pizarro, con el timonel de la UDI, Hernán Larraín, y el resto de los dirigentes de los partidos de derecha. Pero la conversación clave, la que selló la suerte del proyecto, se dio la noche del lunes, pasadas las 21:00 horas, en dependencias de la Cámara Alta, entre la tríada del comité político y diversos parlamentarios de la Nueva Mayoría, como las timoneles Carolina Goic (DC) e Isabel Allende (PS) y senadores como Lagos Webber, pasando por Carlos Montes y Rabindranath Quinteros, hasta Ignacio Walker.
Quienes conocieron el tenor del diálogo, explicaron que fue ahí donde se analizaron los tiempos estrechos, la evidente estrategia que ya estaba aplicando la derecha de atrasar la tramitación recurriendo a todo recurso y disposición interna del Congreso y la amenaza real de no pasar el visto bueno del Tribunal Constitucional, un panorama que arrojó la inapelable conclusión política de que el proyecto no lograría solucionar a tiempo para este domingo el problema del padrón. Pero, además, agregaron, ningún parlamentario fue condescendiente con el Gobierno ni con la iniciativa, abundaron las críticas por la "tardía" reacción del Ejecutivo y una profunda molestia por la falta de un real reconocimiento de las responsabilidades políticas en esta situación, que va estrechamente de la mano con el blindaje que en todo momento ha desplegado La Moneda para proteger a la ministra de Justicia, Javiera Blanco.
Aunque no es su función real, sino del titular de Interior, hacer de conductor político, desde el Congreso coincidieron en que el más activo en las gestiones gubernamentales fue el ministro Díaz, acompañado de Eyzaguirre, y que Fernández más que nada aportó su presencia.
Un despliegue que evidencia la forma en que hace meses funciona este comité político, con un ministro del Interior que poco y nada –cuestionan en todo el oficialismo– ejerce su rol de verdadero jefe de gabinete y que políticamente tiene 'peso pluma', junto a un titular de la Segpres al que permanentemente le llueven críticas por su escasa gestión y mala relación con el Congreso. En la Nueva Mayoría ayer hablaban que el retiro del proyecto reflejó precisamente eso: la falta de peso político específico del comité de ministros.
Para el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, el tema del comité político pasa por que "en un contexto de fuerte presidencialismo evidencian un problema de estructura y prácticas de trabajo que muestran debilidades en su método de Gobierno. Su estructura, al ser funcional y no estar institucionalizada, muestra debilidad tanto en su diseño organizativo como en sus métodos de trabajo. El Comité Político aparece desprovisto de todo soporte y tiende a cumplir funciones rituales".
Eso en lo general. Respecto al caso puntual de Fernández, Eyzaguirre y Díaz, el analista agregó que el problema radica en que las decisiones "se toman sin suficiente información sobre los problemas, no existe procesamiento tecno-político sobre el impacto de tales decisiones" y eso se debe a que la administración bacheletista adolece de "ceguera situacional", que implica "una posición cerrada, reducida y unidimensional", que hace que en Palacio predomine "la improvisación, la intuición y no conocimiento científico para gobernar, porque, por lo que se sabe del funcionamiento del gabinete presidencial, la Presidenta no cuenta con asesoría tecno-política en su círculo más estrecho que le provea soporte 'frío' al proceso decisional".
Como era de esperar, ayer llovieron las críticas a los ministros de Palacio.
El diputado PPD, Jorge Tarud, argumentó que se necesita un gabinete de ministros con capacidad de gestión técnica y política, áreas en que la debilidad "es notoria", mientras que su par, Pepe Auth, dijo que "probablemente si fuera un fiasco en solitario uno diría okey, un equipo político que caminaba a paso firme de pronto tropezó, eso es posible, pero la característica dominante de este equipo es la ausencia, de pronto rayana en el descompromiso". Y añadió, acerca del ministro Fernández, que el problema es que "nunca terminó de asumir efectivamente su rol, yo no lo veo asumido en su rol de jefe de gabinete y la conversación en los pasillos del Congreso es prácticamente unánime".
En medio de las críticas al Gobierno, a la mala gestión de Palacio, la ausencia de autocrítica para asumir que no se les tomó el peso debido a los problemas del padrón y que se trató de encontrar una solución a última hora, en el oficialismo surgió ayer otra arista, una señal de alarma sobre otra conclusión que arrojó este episodio: el divorcio de la coalición gubernamental con la actual administración, ya que la ley exprés no contaba ni siquiera con todos los votos alineados de los parlamentarios de la Nueva Mayoría.
"Aquí no hay coalición, ese es el problema más de fondo, el más grave", sentenció, lamentándose, un influyente parlamentario oficialista. Sin restar un ápice de responsabilidad a La Moneda y sin desconocer las debilidades del comité político, la Nueva Mayoría no tuvo disciplina, no hubo capacidad de ordenarse y primaron las agendas individuales, debilidad y fractura que –recalcaron en la coalición de Gobierno– la derecha olió a tiempo, la aprovechó para bloquear el proyecto y tratar de obtener un rédito político del bochornoso error electoral.
Tanto en la Nueva Mayoría como en el propio Gobierno coinciden en este punto. Reconocen que los ministros no tienen ninguna capacidad real de ordenar a los parlamentarios, pero que los presidentes de partido y los jefes de las bancadas tampoco gozan de ese privilegio. Algunos cuestionan que las prioridades de la mayoría en la coalición están más puestas hoy en cómo quedar políticamente bien ubicados con miras a las parlamentarias y presidenciales del próximo año, que en arreglar los problemas cotidianos e inmediatos.
Es cierto que la administración bacheletista en particular ha tenido una tensa relación con los partidos de su coalición, que se arrastra desde un comando de campaña el 2013 que marginó a las colectividades de la toma de decisiones, pasando por un estilo de gestión gubernamental cuestionado por un escaso trabajo prelegislativo y abusar de la imposición de decisiones a la Nueva Mayoría y sus bancadas parlamentarias.
La Mandataria nunca ha colaborado mucho en mejorar este clima. Baste recordar que el cambio de gabinete más relevante de su gestión, en mayo del 2015, cuando modificó íntegramente su comité político de entonces, lo hizo a espaldas de los partidos, sin que ningún dirigente supiera de los cambios hasta media hora antes del juramento oficial. Y hasta hoy, los timoneles esperan, desde septiembre, que les dé una audiencia para analizar los desastrosos resultados de la encuesta CEP de agosto.
Muchos en el Congreso avalaron que se retirara el proyecto, ante la ausencia de un apoyo transversal que lo sustentara, pero otros lamentaron públicamente la decisión. El diputado Matías Walker (DC) dijo en Twitter: "Qué vergüenza el retiro de la ley corta y la falta de apoyo. Por darse gustos políticos quedan cientos de miles de chilenos sin poder votar" y luego agregó que "movilizar a todo un Congreso, dos días seguidos, en semana regional, para que ni siquiera podamos votar el proyecto en sala. Insólito".
El timonel del PC, Guillermo Teillier, también apuntó a la división de la Nueva Mayoría. "Lamentablemente parlamentarios del oficialismo se sumaron a una actitud rígida y prefirieron anteponer consideraciones políticas específicas por sobre la necesidad de garantizar el voto para medio millón de compatriotas", señaló.
Fuente: www.elmostrador.cl