La madriguera del conejo

El papelón del Registro Civil y el Servel no dejó a nadie indiferente. Los efectos negativos son sustanciales y transversales. No solo infligen un daño político, sino que dañan a la democracia. No tener un padrón fidedigno significa, entre otras cosas, no poder calcular el número de concejales que corresponde elegir en cada comuna ni poder estimar los parámetros de financiamiento electoral que se les debe exigir a los candidatos.

Hubo suficiente tiempo para enmendar el papelón. Se dio aviso del error por primera vez en julio de este año, es decir, hace casi cuatro meses. La noticia se dio a conocer a través de varios medios de comunicación, así como también por uno de los miembros del comité ejecutivo del Servel. Varios analistas políticos reaccionamos en su momento y pedimos actuar para revertir la situación. El gobierno no le tomó el peso al asunto, y dejó pasar las semanas en vano. Decidió actuar recién hace dos días.

El gobierno dijo que la ley corta solucionaría el problema. Pero lo que envió al Congreso dejó mucho que desear. El principal problema fue que la ley no buscaba corregir el padrón, sino que simplemente buscaba habilitar a las personas erróneamente cambiadas de comuna para que pudiesen votar en el lugar correcto. Esto indirectamente significaba inflar el padrón para permitirles a algunos la posibilidad de votar en dos comunas a la vez. Teóricamente, podrían votar donde su voto valiese más.

Esta nueva ley implicaba poner en juego la legitimidad del proceso, pues de ser aprobada traería incluso más problemas que el error original. Qué pasaría, por ejemplo, si en una comuna afectaba por el error de Servel el ganador se imponía marginalmente al segundo lugar y el perdedor pedía la anulación de la elección argumentando que los votos que lo separaban del ganador eran menos que el número de votantes trasladados por error a la comuna.

Potencialmente, esta situación se podría dar a escala masiva.

Por lo anterior, la ley corta se bajó a favor del plan original de forzar a alrededor de medio millón de votantes a sufragar en una comuna que potencialmente no es la suya, en la cual probablemente no tienen información ni interés. La pregunta relevante, entonces, es: ¿por qué se decidió mandar una ley corta y bajarla al día siguiente? ¿Acaso el gobierno no reflexionó sobre lo que era lo correcto o, al menos, lo mejor para la gente? Estas dos preguntas nos mandan por la madriguera del conejo.

Hay muchas dudas sobre lo que pasó. En lo particular me parece interesante la forma en que presentaron los datos en la comisión del Congreso. El día lunes 17 se presentó una lista completa de comunas afectadas, detallando el número de votantes incorporados y el número de votantes retirados. Lo que no se presentó fue el número de votantes afectados por el cambio de domicilio involuntario. A final de cuentas, ese es la estadística de interés, pues con ese dato la situación sería fácilmente reversible.

Presumo que ese dato es el punto de tope en todo este episodio. Si el Registro Civil o el Servel pudiesen diferenciar a los votantes cambiados correctamente (los que pidieron cambio) de los votantes cambiados erróneamente (los que no pidieron cambio), sería tan sencillo como asignar a cada votante de vuelta a su lugar originario. Por eso es tan importante saber qué pasó en el proceso en que se perdió ese dato o se eliminó. Hasta ahora ninguna autoridad ha contestado esa pregunta.

Es posible que esa información surja en el futuro. De hecho, sería extraño si es que no se logra recuperar de alguna forma, pues tiene que existir en algún formato electrónico, al menos que la negligencia haya sido a propósito. Además, tener el dato desagregado es el eslabón necesario para reconstruir los eventos que se sucedieron para desencadenar en esta situación. Pero, hasta no tenerlo, los problemas no desaparecerán —se seguirá cuestionando el profesionalismo de todas las instituciones relacionadas con el papelón.

Qué duda cabe que hubo una operación política para esconder esta situación. Ni el Registro Civil ni el Servel quedarían bien parados si se supiera lo que realmente pasó con el padrón de votantes. Por eso la ley corta también buscaba servir en función de ganar tiempo mientras se corregía el error tras bambalinas. Presumiblemente el objetivo fue hacer lo mejor posible, sabiendo que era inverosímil implementar lo óptimo. Por eso también es posible que nunca se sepa con exactitud lo que pasó.

Con la legitimidad de la elección en duda, y el notorio deterioro del Registro Civil y el Servel en curso, solo queda identificar a los responsables y procesarlos debidamente. Quienes formaron parte de este lamentable episodio deben ser apartados de sus funciones. A su vez, el gobierno debe tomar las medidas para que algo así nunca más suceda. Esto significaba partir por profesionalizar a ambos servicios en cuestión. Se necesita a mejores profesionales y técnicos en tareas de esta magnitud.

Kenneth Bunker
Académico Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, Universidad Central
PhD Ciencia Política

Fuente: www.elmostrador.cl