Martes 22 de Diciembre de 2015
El Mostrador
Aunque durante diez días el discurso público fue la necesidad de esperar a conocer los alcances de la resolución del Tribunal Constitucional (TC) sobre la glosa de gratuidad, finalmente La Moneda optó ayer en la mañana por bajar públicamente sus cartas antes que el TC diera a conocer el detalle del fallo que, a requerimiento de 31 parlamentarios de derecha, hizo naufragar la famosa glosa respectiva de la Ley de Presupuesto.
Una jugada que en el oficialismo fue aplaudida y respaldada en general por todos, pero que obligó a un mea culpa del Gobierno por haber dilatado sin necesidad la incertidumbre –de los alumnos, las familias y la coalición completa– sobre la ruta que iban a seguir para sortear el severo traspié sufrió por la principal promesa gubernamental en materia de educación, como también por el libreto de errores cometidos en un área políticamente tan relevante para la actual administración.
Al terminar el comité político de ayer, antes del mediodía, en los patios de La Moneda se informó –junto con fustigar la demora excesiva del TC en dar a conocer el contenido de su fallo– que el Ejecutivo iba a optar por mandar al Congreso, con discusión inmediata, un proyecto de ley corta que asegura la gratuidad a todas las universidades estatales sin discriminación, a las privadas que cumplan con el requisito de poseer al menos cuatro años de acreditación y no tener fines de lucro y, en forma paralela, otorgar –hasta el 2017– Becas Milenio II a los alumnos de Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT). La ley beneficiará a unos 180 mil estudiantes y las becas a otros 140 mil, aproximadamente.
El fallo del TC se difundió cerca de las 18 horas de ayer, aunque en La Moneda admitían que habían conocido anticipadamente su contenido, gracias a que varios ministros “conversaron” con miembros del tribunal que les adelantaron la resolución.
Así, no fueron pocos los que a la salida del comité político en Palacio reconocieron que la solución a la que se llegó, perfectamente pudo anunciarse antes, durante la semana pasada, y evitar “la nefasta” ambigüedad que imperó los últimos once días y que, de paso, hizo ver a La Moneda sin un plan B ni respuestas claras después que el TC diera a conocer su sentencia el jueves 10 de diciembre.
Precisamente, ese punto fue uno de los ejes de la reservada reunión que el domingo en la noche se realizó en el departamento de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, a la que asistieron sus pares de Hacienda, Rodrigo Valdés, de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, y su par de Interior, Mahmud Aleuy, además de solo tres timoneles de la Nueva Mayoría: Isabel Allende (PS), Jaime Quintana (PPD) y Jorge Pizarro (DC). Quienes conocieron en detalle de la cita explicaron que justamente se hizo una dura autocrítica por la pérdida de tiempo en la que se incurrió, por la falta de claridad pública en estos días y haber fomentado la incertidumbre, lo que redundó en un conflicto gratuito para el Gobierno.
No hay que olvidar que, si bien algo se filtró la semana pasada sobre la fórmula de la ley corta, cuyos contenidos negociaron Valdés y Eyzaguirre en el Congreso, especialmente con la derecha, fue durante esas conversaciones que se puso sobre la mesa la posibilidad de no incluir a todas las universidades del CRUCh y dejar fuera de la gratuidad a tres establecimientos: las universidades Arturo Prat, UTEM y Los Lagos, lo que valió que el Gobierno se pusiera en posición de colisión con los rectores, puntualmente con el de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, quien golpeó la mesa y advirtió que en materia de gratuidad tenían que ser todas las estatales o ninguna.
La idea de dejar a tres universidades fuera –confirmaron la semana pasada en el Gobierno– nunca estuvo considerada por la Presidenta Michelle Bachelet, quien había sido explícita en que no era partidaria de sortear el traspié con el TC “sacrificando” a alguna institución educacional del Estado. Por lo mismo, el miércoles 16 de diciembre en la noche era comentario obligado en el oficialismo “el reto” presidencial a Valdés e Eyzaguirre por negociar una fórmula que no estaba en conocimiento de la Mandataria, quien fue alertada por la llamada telefónica de un senador y que, al preguntar a Delpiano, constató que la ministra de Educación tampoco estaba en conocimiento, porque había sido dejada al margen de las negociaciones. Después de este episodio, no fue gratuito que ayer en La Moneda el ministro de Hacienda no diera declaraciones y fuera la titular del Mineduc quien explicara a los medios la ruta a seguir.
Sin embargo, altas fuentes de Hacienda rechazan esta versión e insisten en que ni Eyzaguirre ni Valdés se movieron en el tema gratuidad “ni un centímetro sin el consentimiento de la Presidenta”.
La estrategia que desplegaron Valdés y Eyzaguirre en el Congreso también sacó ronchas en la Nueva Mayoría, donde no todos comulgaban con la idea de hacer una diferencia entre universidades estatales, por la “señal errónea” que iba a dar un Gobierno de centro izquierda sobre la educación pública. Entre los timoneles de la coalición se reclamó incluso que “se habían cambiado las reglas del juego”, porque en el comité político del lunes 14 de diciembre se les había asegurado que no se sacrificaría a ninguna universidad del CRUCh y, dos días después, eso se modificó sin aviso, lo que puso en jaque la alianza estratégica del Gobierno con las instituciones estatales.
En el oficialismo hablan de ineficiencia del Ejecutivo, de decisiones erráticas, de impericia, más aún cuando sacan a colación –y así lo reconocen en Palacio– que todo este escenario con el TC era evitable, que se le advirtió a La Moneda que la mejor vía no era la gratuidad a través de la glosa 5 del presupuesto, sino con un proyecto de ley, que fue un error garrafal no haber considerado la opción de que la derecha recurriría al Tribunal Constitucional, cuando es su amenaza permanente en todas las iniciativas que hacen crujir o al menos tratar de correr un poco la valla del statu quo neoliberal, ni tampoco las alertas que se dieron cuando el requerimiento recién fue presentado.
La discusión en el oficialismo ha estado lejos de ser pacífica y el comité político de ayer no fue la excepción, a la hora de la autocrítica y los balances. “El Gobierno tiene que terminar con el zigzagueo, con su ineptitud de haber dado el tratamiento a una política pública, como era la gratuidad en materia de educación superior, cambiando lo que era el esquema, aquí nunca eso debió haber ocurrido, la prioridad era la educación pública, las universidades del CRUCh y las privadas eran las que contaban con un requisito mínimo, sin lucro y de calidad. Eso debió haber sido siempre así (…) ahora se ha terminado el delirio y se está entrando en el buen juicio en la implementación de una política pública tan relevante, donde lo que se espera son certezas”, sentenció sin pelos en la lengua el presidente del PR, Ernesto Velasco, planteamiento similar al que realizó a puertas cerradas en la reunión en Palacio, tensionando el debate.
El trago amargo
Para sortear el fallo del TC, el Gobierno dejó fuera de la gratuidad a los estudiantes de los IP y los CFT, a los cuales por ahora ofrecerá Becas Milenio 2 como alternativa. El discurso de campaña, la crítica al modelo de educación, del derecho de acceso a educación gratuita siempre pasó por cuestionar la fórmula de las becas y, por lo mismo, tener que recurrir ahora a ellas para cubrir a cerca de 140 mil estudiantes de niveles socioeconómicos bajos, que mayoritariamente estudian en estos dos tipos de instituciones, no deja de ser mucho más que un trago amargo.
Tanto en La Moneda como en la Nueva Mayoría reconocen que ese punto derrumba en parte la promesa de gratuidad, que es un “fracaso” por donde se le mire, que este episodio genera un nuevo daño al Gobierno y al oficialismo en general. “Sí, es cierto, a las becas siempre se las criticó, pero estamos obligados a hacer esto, no estamos dispuestos a dar gratuidad como sea, va a entrar un proyecto de ley sobre los CFT y los IP para regular el sistema y en la ley larga ellos van a tener que entrar en la gratuidad total”, explicó el timonel del PC, Guillermo Teillier, quien fue categórico al reconocer que hoy apoyaba la fórmula a la que recurrió el Gobierno con estas instituciones solo por ser “algo transitorio”.
Si bien en líneas gruesas el camino adoptado por La Moneda es respaldado por el oficialismo, hubo críticas a la premura con la que se tratará de sacar adelante la ley corta y que esté despachada antes del sábado 26 a la medianoche, momento a partir del cual se conocerán los resultados de la PSU y los alumnos deben, desde el domingo 27, hacer sus postulaciones a las casas de estudio. “Creo que legislar a matacaballo como se está haciendo contra el plazo, en este época, con un tema tan sensible como la gratuidad en la educación superior, no es la mejor manera, pero qué se va a hacer, nadie está obligado a lo imposible”, dijo el presidente de la DC, Jorge Pizarro.
Si bien en el oficialismo había cierta preocupación ante la posibilidad de que la derecha recurra nuevamente al TC con la ley corta, argumentando discriminación entre las universidades privadas y estatales, en el Gobierno reconocieron que se están desplegando todas las gestiones para evitar ese escenario. Es más, si bien públicamente tanto La Moneda como la Nueva Mayoría han responsabilizado a la oposición de torpedear la gratuidad, lo cierto es que en el oficialismo reconocen que se ha evitado golpearlos con más dureza, precisamente para no boicotear el acuerdo en ciernes.
El impacto
Entre los analistas, la idea de que el impacto que ha significado el episodio gratuidad es un síntoma del estado del Gobierno, es extendida. Marco Moreno, cientista político y decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central, cree que se trata, sin duda, de la expresión de un problema mayor: “El déficit de procesamiento tecno-político de los problemas públicos y de eficacia gubernamental que ha evidenciado la actual administración y que se ha expresado en baja calidad de la política y de la gestión pública”. Según Moreno, esto podría explicarse por la fatiga de la tecno-burocracia –que ocupa buena parte de los cargos directivos de la administración bacheletista–, que "parece estar optando por no abandonar su 'zona de confort' en el aparato estatal”. Esto se expresaría en la falta de convicción, compromiso y sobre todo letargo e improvisación de la acción gubernamental.
Moreno piensa que este episodio ha erosionado fuertemente el capital político de la Presidenta, el de su Gobierno y el de la coalición que la respalda a partir de los problemas de baja capacidad para procesar problemas reales y ofrecer soluciones efectivas. “La capacidad política, técnica e institucional parece estar cada vez más distante de este desafío a juzgar por la opinión pública encuestada y por las desavenencias al interior de la propia NM. El programa de Gobierno que mantenía unida a la coalición comienza a dejar de ser el articulador del proyecto de Gobierno –entendido como la propuesta de medios y objetivos que comprometía un cambio– para dar paso a un pacto electoral que en un contexto desbinominalizado amenaza su continuidad. Un segundo efecto es que este estilo de hacer política seguirá generando baja credibilidad. La crisis de confianza y credibilidad se expresara probablemente en desafección. La gente en vez de exigir se retira de la política”, explica.
La reunión sostenida ayer por el CRUCh da cuenta de esta desconfianza. Los rectores están más unidos que nunca frente a las improvisaciones de las que se enteran por la prensa. En diciembre no hay reuniones regulares del organismo, por lo tanto, la cita de ayer fue una ocasión extraordinaria para hablar de la gratuidad antes de que se conozcan los resultados de la PSU, el 27 de diciembre próximo. Por eso, tampoco les cayó en gracia enterarse por la prensa de la “ley corta” y menos que uno de los asesores más importantes en su contraparte del Gobierno, Francisco Martínez –Jefe de Educación Superior– llegara casi al finalizar la cita, cerca de las 13:30, es decir, más de tres horas después de su inicio.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política de la UDP, también suma reflexiones en este sentido: “Sin duda esta forma de implementar políticas (a partir de un planteamiento de corto plazo) es síntoma de un fenómeno que hemos venido observando hace bastante tiempo en la política nacional: los actores políticos se mueven por incentivos de muy corto plazo y no es posible observar el desarrollo de políticas de gran envergadura que se proyecten por varias décadas. Domina el cortoplacismo, la improvisación y los intereses sectoriales bloquean avances más sustantivos que impacten en el desarrollo”.
Fuentes también repara en el impacto que significará para el Ejecutivo la forma de abordar una de las reformas más emblemáticas para el Gobierno: “Las controversias e improvisaciones derivadas del compromiso de gratuidad tendrán un impacto muy significativo en la gestión gubernamental. La reforma a la educación es el sello de esta administración y al ritmo que se avanza se corre el peligro de dejar este compromiso como inconcluso. Específicamente, la forma en que se ha enfrentado ha afectado la aprobación presidencial, ha tensionado a la coalición políticamente, y ha generado la sensación de un gobierno que no es capaz de proponer una política coherente, de largo plazo, y organizada en torno a ciertos pilares fundamentales que el país espera”.
Fuente: www.elmostrador.cl