Martes 12 de Julio de 2016
El Mostrador
La millonaria pensión obtenida en Gendarmería por la ex esposa del diputado Osvaldo Andrade (PS), Myriam Olate, fue la guinda de la torta en la historia tras las altas jubilaciones en Gendarmería, y lo que terminó por poner bajo la lupa de la opinión pública a la institución dependiente del Ministerio de Justicia.
En medio del escándalo en torno a las abultadas pensiones, la Contraloría General de la República emitió un dictamen poniendo un tope de 60 UF (poco más de $ 1,7 millones) para las jubilaciones, lo que intentó frenarse tanto desde la Cámara Baja como desde el Senado. Esto, antes de que saliera al baile la situación de la socialista Olate.
No es la primera vez que Gendarmería enfrenta cuestionamientos relacionados con distintos tipos de pagos.
En agosto de 2007, incluso se creó una comisión investigadora de asesorías, liderada por el actual vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, debido a que se sospechaba la existencia de "posibles irregularidades ocurridas con ocasión de pagos extras por concepto de honorarios, en virtud de asesorías efectuadas por diversos profesionales a Gendarmería de Chile entre los años 1990 a 2006".
Dos semanas antes, el diputado Felipe Ward (UDI) recibía, de parte de Gendarmería, diverso material contenido en cajas donde se entregaban detalles de asesorías prestadas por altos funcionarios políticos entre esos años. Sobre la base de esta información, se hizo pública la existencia de diversas asesorías, algunas de las cuales luego fueron objetadas por la Contraloría, como las prestadas por el ex ministro del Trabajo Osvaldo Andrade y el ex ministro secretario general de Gobierno de Ricardo Lagos, Osvaldo Puccio.
Contraloría también objetó las asesorías prestadas por el ex embajador de Chile en Colombia Óscar Pizarro Romero (DC), señalando falta de informes para un período del contrato (2005).
Su correligionaria, la ex ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, no fue mencionada por Contraloría, pero sí se revisaron sus asesorías en la comisión investigadora. Lo mismo pasó en los casos del actual ministro de Defensa, José Antonio Gómez; del entonces ministro de Justicia, Carlos Maldonado; y del ex subsecretario de Justicia, Jaime Arellano, entre otros.
Nombres familiares
Según el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, Joe González, en la práctica Gendarmería opera como una suerte de "caja pagadora. Históricamente esto ha sido así, especialmente durante los gobiernos de la Concertación, donde ha existido un alto cuoteo político para ciertos puestos e imposición de ciertos funcionarios. Es vox populi".
Conocido como un tradicional bastión del Partido Radical, los cargos y asesorías no se remiten solo a parientes o militantes de dicha colectividad. "En Gendarmería, hay cambio de Gobierno y todos están esperando para el botín. Es algo evidente (...). Es una figura extraña lo que pasa en Gendarmería: no debería ser un servicio público sino una institución como Carabineros, donde la política de alguna manera entra pero no como pasa aquí", asegura el dirigente.
Más allá de supuestas irregularidades, en la práctica, Gendarmería es conocida como una institución que ha acogido entre sus filas a diversos parientes de influyentes políticos, ya sea en cargos a contrata, a honorarios o, incluso, para alguna práctica.
La propia hija de la Presidenta, Francisca Dávalos Bachelet, hizo su práctica en la institución y fue parte de la nómina de 2006 que entregó Gendarmería a Felipe Ward, en el marco de un proyecto que realizó junto a un grupo de otros estudiantes de Antropología de la Universidad de Chile.
Entre los nombres que han pasado por la institución se cuentan el del hermano del ex senador PS Camilo Escalona, Simón Escalona, quien por 15 años fue funcionario de Gendarmería, hasta que fue obligado a renunciar en 2008.
La esposa del alcalde DC de Maipú, Cristián Vittori –formalizado por el caso Basura–, Pamela Riquelme Loyola, fue por años funcionaria de la repartición, hasta que en abril de 2014 asumió como jefa de División Administrativa del Ministerio de Bienes Nacionales.
Para el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, "lo que veo en este caso es una práctica política que está fuertemente instalada en la forma de hacer política en Chile. Casi se podría hablar de un proceso de captura del Estado por parte de los partidos políticos. No constituye una ilegalidad, se respetaban los procesos y sus formas, pero detrás de una fachada formal o procedimental se realizaban estas prácticas que, claramente, hoy son inaceptables en una sociedad con un estándar más alto de transparencia".
Moreno agrega que "puede que sean excelentes funcionarios: más allá de las personas, lo que teníamos es un conjunto de prácticas clientelistas en un sistema extraoficial de favores, por el cual los titulares de cargos políticos regulan la entrega de prestaciones obtenidas a través de su función pública".
Fuente: www.elmostrador.cl