Viernes 10 de Mayo de 2013
Por: Claudia Dides C., Directora del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública – CESOP, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Central de Chile
Chile es uno los países más conservadores en materia de derechos sexuales y reproductivos en la América Latina. Esto aparece como inexplicable puesto que tenemos una historia de salud pública muy prestigiada a nivel mundial, sin embargo hemos podido constatar en los últimos 30 años un retroceso en la libertad de decidir. Por ejemplo, somos uno de los cinco países en el mundo donde las mujeres no tenemos derecho a un aborto terapéutico por razones de salud, por inviabilidad fetal extrauterina y por violación.
Estos temas son parte de las deudas democráticas de los gobiernos de la Concertación así como del actual, que han sido permanentemente influenciados por los poderes fácticos y por la jerarquía de la Iglesia Católica, sin entender las realidades sociales y las transformaciones socioculturales en el ámbito de la sexualidad y reproducción. En estos años hemos tenido que monitorear desde la academia, las organizaciones no gubernamentales y los movimientos sociales, y dando pequeños pasos, como si tuviésemos que pedir permiso a estos poderes fácticos para ejercer nuestros derechos en el ámbito de la sexualidad y reproducción.
Hemos avanzado, claro que sí, con el Reglamento para el Ejercicio del Derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad, decretado el 28 de mayo del 2013. Pero no puedo dejar de recordar que este reglamento tuvo que esperar más de tres años para entrar en vigencia, puesto que la Ley que se promulgó en el 2010 en el gobierno de Michelle Bachelet no dejó el reglamento. No sabemos cuántas vidas de adolescentes y jóvenes afectó esta burocracia, quienes no pudieron acceder a la píldora del día después y encontraron diversos obstáculos en consultorios de atención primaria.
Hoy día la discusión no está centrada en si la píldora es abortiva o no. Felizmente se instaló la ciencia por sobre las creencias y lo que hoy está en tela de juicio es la autonomía de los y las adolescentes para acceder a este derecho. Es necesario recordar al país que las y los jóvenes son sujetos de derecho, lo que implica el acceso a educación sexual integral, que es deficitaria y en algunos lugares inexistente; el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el derecho a la consejería y a la confidencialidad para recibir información científica; y el derecho a tomar decisiones en base a su valores.
La confidencialidad de la información en la atención en salud es un derecho que tienen todos los y las chilenas de exigir a los proveedores/as de salud (médicos, matronas, enfermeras, etc.), puesto que está resguardada por el secreto profesional. En el caso de los y las adolescentes este derecho también existe, puesto que hace parte del respeto y resguardo, incluido el derecho a la no discriminación por edad en el acceso a la atención, garantizado a su vez por la Convención Internacional de los Derechos del Niño en su Observación general N 4 párrafo 11.
La evidencia científica dice que los y las adolescente buscan sus propias experiencias de vida y toman sus decisiones respecto a su sexualidad, es por eso que es necesario cumplir con los principios de la bioética como autonomía, beneficencia y justicia a través de la entrega de información a la educación sexual y a los métodos de regulación de la fertilidad, y prevenir un embarazo no planeado con la entrega de la anticoncepción de emergencia.
Hemos dado un gran paso, puesto que hoy los adolescentes no tienen que solicitar autorización a los padres y/o madres. Suena fuerte, pero la realidad del país es que los embarazos en la adolescencia se han mantenido y ha aumentado el segundo y tercer embarazo en adolescentes entre 15 a 19 años. Esperemos, entonces, que las distintas instancias institucionales sean capaces de hacer un trabajo conjunto, principalmente las vinculadas a educación y salud para informar a los y las adolescentes de sus derechos.
Claudia Dides Castillo, Socióloga, Universidad Arcis, Magister en Estudios de Género y Cultura, Universidad de Chile. Becaria CONICYT. Ha sido Directora de Gestión de Proyectos de la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional de la Universidad Central (2011-2013). Profesora Investigadora de FLACSO Chile (2006-2011). Directora Programa Género y Equidad FLACSO-Chile (2006-2011) Investigadora de FLACSO Chile 2004-2011. Subdirectora del Centro de Investigaciones en Bioética y Salud Pública, Universidad de Santiago, (1996-2000). Investigadora Asociada Instituto Chileno de Medicina Reproductiva ICMER, 2003 – 2005. Investigadora de CORSAPS 2000-2005. Consultora e investigadora en temas de Género y Políticas Públicas, Salud Sexual y Reproductiva y Derechos para organismos nacionales e internacionales: Fundación Ford, CEPAL, UNFPA, OPS-OMS, Family Care International, Unión Europea, IDRC Canadá, CONICYT-Chile, APROFA. Evaluadora de Proyectos CONICYT. Miembro del Consultivo Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia. Docente en las Universidad Diego Portales, Universidad de Chile, Universidad de Santiago. Tiene diversos publicaciones artículos y libros de autoría propia desde 1996 a la fecha.
