(Opinión) ¿Es el “Gobierno Abierto” la respuesta a la crisis institucional chilena?

El Gobierno Abierto surge como una cultura de gestión pública, cuando el Leviatán político resulta negativamente evaluado por sus ciudadanos. Por ello, la OCDE (2017) lo recomienda como una estrategia cada vez más necesaria para recuperar la confianza pública, el apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo. Justificado en América Latina, por Latinobarómetro (2018) quien reveló un declive de la democracia, por la escasa confianza pública de los ciudadanos en el régimen político. Confirmado en Chile por la reciente encuesta CADEM (2019) cuando concluye que un 72% de la población cree que las manifestaciones recientes son expresión del descontento social generalizado, de una población que se resiste a no ser tomada en cuenta, en temas decisivos para remediar su día a día.

Ante este escenario, la inaplazable reforma del aparato público chileno resulta impostergable. Reforma al que, el concepto escurridizo de Gobierno Abierto resulta favorable por su contribución en la co-construcción de valor público, aportando respuestas a preguntas tan relevantes como: ¿Es el sistema AFP un sistema de administración de pensiones favorable a todos y todas los chilenos y chilenas? Preguntas que, al someterlas a consulta vinculante ciudadana combinada con prácticas de apertura del gobierno, revelan transversalmente debilidades, amenazas y posibles soluciones, sin olvidar el consenso social. Sin embargo, prácticas consultivas vinculantes no son un tema novedoso ni tampoco efectivas por si solas, basta revisar en el 2016 el Brexit en Inglaterra y el Plebiscito de Paz en Colombia. Las cuales resultaron poco efectivas, porque no se combinaron con una política de apertura, como la impulsada por Barak Obama desde 2009, mediante el célebre Memorando de Transparencia y Gobierno Abierto, cuyo objetivo se centró en una doctrina, que gravita sobre tres principios: Transparencia, Colaboración, y Participación de los ciudadanos en todo el proceso de la política. Siendo la participación ciudadana activa de inicio a fin, es decir, desde su diseño, implementación, rendición de cuentas y evaluación, el núcleo medular de esta doctrina.

Es importante destacar que el Gobierno Abierto, también ha sido impulsado por los países desarrollados, quienes lo implementan como un catalizador para la gobernanza pública efectiva. Por su parte Chile, tímida y aisladamente en ciertos sectores lo incorporó, a partir de dos hitos importantes. El primero, como obligación de transparencia activa establecida en la ley 20.285 desde el año 2008. Y el segundo, a partir de la co-creación de los planes de acción diseñados después de su incorporación en la Alianza para el Gobierno Abierto en el año 2011. Sin embargo, al decir de Sandoval (2015), se han implementado sin tener una dirección precisa, por lo que sus resultados han sido insuficientes.

Al final y sin perjuicio de otras propuestas, la crisis compleja chilena podría ser remediada por los aportes que ofrece el modelo de Gobierno Abierto, favorable a la co-creación de soluciones públicas legitimadas por la población, en forma dinámica y, beneficiosa para todos, basándose en la confianza mutua de todos los actores del sistema político social. Contribuyendo así, en la reconstrucción de la brecha que parece haberse abierto en la infranqueable "caja negra" del sistema de Gobierno chileno. En consecuencia y frente al descontento social, el Gobierno Abierto podría ser una respuesta que convoque a todos los sectores involucrados, como una estrategia nacional eficiente, efectiva e integrada, en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo en una sola consigna: ¡Más (+) Gobierno Abierto y menos (-) hermetismo estatal!

 

Lorayne Finol Romero

Académica Investigadora

Ucentral Región de Coquimbo