Es posible que algunos supuestos respecto del modo en que se organiza la política contribuyan a explicar ciertas dificultades de ambas iniciativas. Las complejidades en la etapa de diseño y tramitación de los proyectos están evidenciando un déficit en el análisis de viabilidad estrictamente política. En primer término, se partió de supuestos que no son tales: i) los relativos a la lógica política de los procesos de reforma (voluntad declarada v/s voluntad real) y, ii) los referidos al modo en que se concibe la articulación de lo técnico y lo político (espejismo del equilibrio entre la etapa técnica y política).Resulta paradojal que los policy makers de los ministerios de Hacienda y Educación de la actual administración no hayan prestado especial atención a los supuestos y a la incidencia de la variable política en el diseño de las reformas en curso.
A pesar de disponer de evidencia empírica, la valoración del entorno institucional o del peso y la voluntad de los actores estratégicos se queda solo en el discurso de la voluntad declarada y menos en la consideración efectiva de una voluntad real que permita dimensionar estas dos cuestiones.
Al riesgo de no analizar debidamente los supuestos se suma una escaza valoración del entorno institucional. La viabilidad política es una condición que delimita la interacción de los actores en la producción de determinados resultados. Ésta, por tanto, funciona como una condición necesaria para la formulación e implementación de las reformas.
¿Cómo está incidiendo el déficit de viabilidad en el lanzamiento las reformas? Hasta ahora observamos que se está configurando un escenario de bloqueo de ambas iniciativas. Solo existirán condiciones favorables para ambas reformas si no existe un elevado nivel de fragmentación política y si los actores estratégicos perciben un beneficio en el desarrollo de éstas. Pero, hasta ahora, pareciera que ambos requisitos no se están cumpliendo.