El problema de gobernanza del proceso constituyente

En la medida que avanza el proceso constituyente, se han comenzado a acentuar las tensiones y conflictos propios de toda innovación pública. Más allá de si estas son el resultado del diseño procedimental o de las tensiones entre la institucionalidad pública y un nuevo actor -el Consejo Ciudadano de Observadores al que la Presidenta trasfirió poder y empoderó-, en la base lo que observamos es un problema de baja gobernanza.

El concepto de gobernanza se asocia con la capacidad de coordinación y dirección de los gobiernos en medio de entornos caracterizados por la incertidumbre y la baja previsibilidad, esto es, del modo por el cual el Gobierno se organiza para cumplir con la tarea de gobernar a los gobernados de modo de generar gobernabilidad.

En los hechos, el actual diseño de La Moneda para darle viabilidad al proceso constituyente se está viendo amenazado por la ausencia de una estrategia de orden.

A mediados de octubre del 2015 y tras el anuncio presidencial acerca de los objetivos que tendría el proceso de nueva Constitución, el ministro del Interior Jorge Burgos se perfilaba como el conductor político del proceso.

Burgos vio aquí una oportunidad para incrementar su capital político. Frente a las críticas formuladas desde diversos sectores, el ministro sostuvo que la decisión no era ningún “salto al vacío”, ya que se enmarca dentro de los lineamientos que permite la institucionalidad. Sería esta misma institucionalidad la que evitaría el “atajo” para avanzar en la reforma a la Constitución.

La influencia del ministro Burgos se expresó tanto en la vocería de esta primera etapa del proceso, así como en los nombres de quienes integrarían el Consejo de Observadores, que dejo fuera a varios actores políticos y constitucionalistas simbólicos. Tras la crisis política gatillada por su no inclusión en la visita de la Presidenta a la Región de La Araucanía –que significó su virtual salida del gabinete– el ministro Burgos cedió el protagonismo que tuvo sobre el tema. Su creciente desafección con el gobierno y de cierto modo con la conducción del proceso, obligo a La Moneda a instalar el liderazgo político del tema en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Al abordar el tema, el ministro Eyzaguirre apostó por una estrategia técnica: centró la relación del gobierno con el Consejo de Observadores en los temas procedimentales de forma. Pero no se hizo cargo del problema político: el procesamiento de las diferencias entre los partidarios del proceso institucional y los partidarios de la Asamblea Constituyente que presionan por influir las decisiones tanto de La Moneda como del Consejo Ciudadano de Observadores.

El vacío de conducción política ha intentado ser llenado en las últimas semanas por el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz. Su olfato político lo llevó a dar una señal de reinstitucionalización del proceso al señalar que el Consejo se habría excedido en sus atribuciones.

La movida táctica del ministro Díaz intentó ser consistente con el tono del discurso que trazó la propia Presidenta en su última reunión con el Consejo de hace un par de semanas, ocasión en la que les habría representado sus diferencias con varios de acuerdos del Consejo. Pero también da cuenta de su propia agenda en relación con el tema.

Estos hechos ponen la discusión sobre la necesidad de prestar atención al nuevo proceso de gobernar: es decir, a cómo los gobiernos construyen y desarrollan sus decisiones. No se trata solo –como señaló Norbert Lechner– de privilegiar la elaboración de una estrategia de poder sino que también de la necesidad de contar con una estrategia de orden que permita sortear los obstáculos que le ofrece un medio que no es pasivo sino activamente resistente. En esta arena se enfrentan los opositores al cambio constitucional de un lado y los que están a favor del mismo, pero cuyas estrategias de cambio divergen entre institucionalistas de la NM y los partidarios de MarcaAC. Todos, por cierto, integrantes de las elites de las instituciones representativas y del pluralismo democrático.

Hasta ahora al gobierno le ha faltado capacidad de conducción o dirección que se exprese en acciones y decisiones que pongan límite a los intentos de los estos actores por capturar el proceso constituyente. Para enfrentar estas resistencias con la fuerza limitada que posee, el conductor requiere demostrar capacidad de gobierno. Sin bien la Presidenta detenta el liderazgo de este proceso, lo cierto es que se precisa de destrezas para ejecutar estrategias y tácticas eficaces para resolver los problemas y aprovechar las oportunidades. La buena noticia es que aún está a tiempo de retomar la gobernanza del proceso.

Marco Moreno Pérez
Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública  

Fuente: www.elmostrador.cl