Jueves 16 de Marzo de 2023
El decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones, Luis Riveros, analiza el rechazo a la idea de legislar sobre la reforma presupuestaria propuesta por Hacienda.
Ha causado desazón en el gobierno el rechazo a la idea de legislar sobre la reforma presupuestaria propuesta por Hacienda. En realidad, hay una mezcla de una preocupación legítima sobre los recursos faltantes para varias acciones programáticas, pero también incide un tanto la lesión política causada, especialmente después de la derrota que también sufriera el gobierno con el rechazo al texto constitucional avalado por él mismo. Estas son dos fuentes importantes de problemáticas al interior de la administración, pero con implicancias importantes en su visibilidad y apreciación externas.
Por cierto, siendo totalmente legítimo el rechazo a la idea de legislar, es verdad que fallaron las gestiones políticas y las necesarias negociaciones previas, como lo requieren proyectos de la importancia del que comentamos. La gran lección es que en estas materias no vale el orgullo ni la presunción de que todo está en orden y que solamente una visión sesgada, interesada o incorrecta, definitivamente, podría conducir al rechazo de la idea de legislar. El camino de la negociación para poder conciliar puntos de vista a veces muy divergentes es de vital importancia para sacar adelante legislación de tanta trascendencia como una reforma tributaria.
El gobierno ha decidido presentar nuevamente un proyecto sobre bases distintas y negociables. Una reforma de este tipo se debe concebir como una reforma vital para el país y su futuro, y es por ello que deben negociarse sus bases conceptuales y destacar suficientemente sus implicancias económicas. Lo primero a tener en cuenta es el principio básico de toda política en cualquier institución, máxime a nivel de un gobierno, que no se pueden efectuar promesas sobre la base de recursos que no están asegurados. Se ha repetido, por ejemplo, que por culpa del rechazo de la reforma no podría llevarse a cabo el reajuste de la PGU, como había sido prometido. Y del mismo modo con otros elementos que se incluyeron en la agenda de compromisos por parte de esta administración (incluyendo la condonación del CAE o el reforzamiento del presupuesto de programas sociales). Un segundo elemento es el error de fondo que conlleva pensar que la recaudación será exactamente igual a la programada en esos gastos, una vez en curso la reforma. La experiencia muestra que esto no es así; por ejemplo, la reforma llevada a cabo bajo la administración Bachelet produjo mucho menos recursos de los previstos en los análisis de Hacienda.
En este último caso, sin embargo, no había compromisos de gastos específicos tal y como se han hecho en esta administración. Un tercer aspecto relevante es que las promesas de mayor gasto son contingentes no sólo a la aprobación del proyecto de ley (que en todo caso debe sufrir un largo e intenso debate por parte del Parlamente) sino que a la recaudación efectiva de los nuevos recursos tributarios (probablemente un año más tarde). Y mientras tanto reinará la desilusión entre los potenciales beneficiarios, poniendo de relieve que una iniciativa legal de este tipo no puede tener un “instantáneo” reflejo en el gasto. Lo cuarto es la realidad de que no existen impuestos con destino específico, sino que todo acude a la gran fuente que es el presupuesto de la nación. Por lo tanto, es totalmente improcedente hablar de que los nuevos impuestos irán a tal o cual fin, porque ello será producto solamente de decisiones políticas ulteriores.
Es conveniente que el gobierno negocie con cuidado los elementos que han de ser parte de una nueva posible reforma tributaria. Hay muchos elementos que en el anterior proyecto se consideraron un exceso, y otros se consideraron simplemente inviables del punto de vista de sostener objetivos económicos trascendentes como son crecimiento e inversión. En el intertanto, es conveniente que se trasparente los recursos que el litio agregará al presupuesto de la nación, y que posiblemente permita financiar varias de las prioridades enunciadas. Sin ninguna duda, en el proceso que viene hay dos elementos que cobran extrema relevancia. Lo primero, es la necesidad de reducir el presupuesto de gasto público, lo cual requiere una discusión transparente y de cara al país respecto al reacomodo del gasto hacia las prioridades y sectores más vulnerables.
Lo segundo, es que debe mantenerse el logro de un presupuesto fiscal equilibrado, porque así se podrá minimizar el impacto de un gasto controlado en término de una inflación que necesitamos controlar desde sus raíces mismas. Ya no son los tiempos del “avanzar sin transar”… ahora el país debe practicar el “avanzar con negociar”.
Publicado originalmente en Diario Estrategia.